Funcionarios doblemente castigados
La eliminación de la paga extra de Navidad no es el primer ajuste que deberán asumir algunos funcionarios que previamente han visto como les bajaban el sueldo, les restaban los complementos o les aumentaban la jornada.
Para algunos empleados públicos, llueve sobre mojado. El anuncio de la supresión de una paga extraordinaria y de los moscosos, que ayer hacía el presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, no es la primera concesión que deberán realizar. La mayoría de las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos ya habían arremetido contra las nóminas y las condiciones de su personal para paliar el desfase presupuestario. Ellos son los peor parados con el nuevo ajuste. Son los funcionarios doblemente castigados.
La lista es larga. Los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid han recurrido en los últimos meses a los ajustes salariales para meter en cintura su elevado déficit. Así, por ejemplo, la Generalitat catalana rebajó un 5% el sueldo de sus 165.000 empleados, además de retirar el plus de productividad o las ayudas a la comida, entre otros. Y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre hizo lo propio en la comunidad madrileña, donde los 160.000 trabajadores públicos perdieron entre 100 y 990 euros al año (entre el 1,8% y el 3,3% del salario).
Aragón o Extremadura optaron por congelar las nóminas. Y otras regiones eliminaron algunas prestaciones adquiridas por el personal público. En la Comunidad Valenciana, fue retirado el 50% del importe de los sexenios, además de otros complementos. Y en Baleares dijeron adiós al reembolso de las horas extra.
A ello, cabe añadir otras medidas adicionales, como la eliminación de puestos interinos, el incremento de la jornada laboral, la reducción de los días para asuntos propios o la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones. Un variado catálogo de restricciones que han mermado la retribución de estos empleados por diversas vías.
Es por eso que algunas administraciones regionales y locales entienden que el plan de Rajoy, sobrevenido ayer, azota en exceso a su personal y empiezan a plantear, incluso, la posibilidad de anular ciertos recortes de su competencia para amortiguar el golpe que soportan los funcionarios.
Replanteamiento
Elche ha sido uno de los primeros municipios en manifestarse en este sentido. El consistorio ilicitano ha comunicado que dejará sin efecto la reducción del 9% del salario a los interinos municipales, decidida el pasado mes de marzo, ante la nueva aprobación del Gobierno central. La alcaldesa del Partido Popular, Mercedes Alonso, ha asegurado que prescinde de la rebaja del sueldo a los trabajadores municipales para evitar, así, "un doble sacrificio".
Es previsible que iniciativas similares se sucedan en los próximos días. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, expresaba ayer mismo su intención de reestructurar los recortes aprobados por su Ejecutivo, a la vista del nuevo proyecto central.
Asimismo, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, explicaba que analizarán la suspensión de la paga extra de Navidad anunciada por Rajoy y, si es obligatoria la aplicación de la misma, lo harán con cargo a la reducción del 5% que habían establecido para las nóminas de sus trabajadores, para no sumar ambos tajos.
