Rescatar el rescate de la banca española
Hoy se cumple un mes desde que España se comprometió con el Eurogrupo, el Consejo de Ministros de Economía de la zona euro, a solicitar la ayuda para completar la recapitalización de parte de su sector financiero. Cuatro semanas que solo han servido para confirmar los temores del Gobierno español ante una operación mal planteada, porque puede lastrar al Estado con la factura de la parte peor gestionada del sector privado y colocar al país ante el riesgo de un salvamento completo.
La reunión de hoy del Eurogrupo aspira a pactar las condiciones de la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros que podrá utilizar el Estado español para la banca. Pero, lamentablemente, y salvo sorpresa de ultima hora, la misma reunión no registrará ningún avance notable en el replanteamiento de una intervención que, en el peor de los casos, amenaza con dejar a España fuera de los mercados.
Cierto es que la cumbre europea del pasado 29 de junio pactó la posibilidad de que la recapitalización se lleve a cabo directamente, sin pasar por las cuentas públicas del Estado. Pero esa fórmula llega acompañada de un número tan elevado de condicionantes -el principal, la puesta en marcha de un supervisor financiero único- que en Bruselas se duda ya abiertamente de que esté lista a tiempo para evitar un importante lastre en el porcentaje de deuda pública española en relación con el PIB.
Sin esa vía de escape a corto plazo, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, debe arrancar hoy a sus colegas de la zona euro unas condiciones extremadamente favorables para el préstamo destinado al sector financiero si quiere evitar que el flotador de la banca no se convierta en realidad en una pesada losa para España. Los tipos de interés los fijará el mercado y ahí el fondo de rescate no tiene margen. Pero el plazo de reembolso debe prolongarse lo más posible -entre 15 y 30 años- e igualmente han de obtenerse largos periodos de carencia -un mínimo de cinco años- como previsión por si se produjera un nunca descartable agravamiento de la situación de la economía.
Solo así se podrá mitigar el impacto de una intervención que Madrid ha intentado corregir con el apoyo de instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y Gobiernos externos a la Unión Monetaria, como el británico o el estadounidense, pero que al final tendrá que llevarse a cabo con arreglo a unas normas diseñadas para apaciguar a los socios europeos más desconfiados, como Holanda o la propia Alemania. Para colmo, la participación de la reticente Finlandia en el rescate, si se confirma, obligará a Madrid a ofrecer avales bilaterales, lo que desembocará en unas negociaciones con Helsinki que alimentarán aún más las dudas sobre la solvencia.
El Eurogrupo que hoy se reúne deberá despejar claramente todas esas dudas y dejar claro que el rescate de la banca española es una intervención quirúrgica en una parte menor de su sector financiero y cuyo objetivo final es "romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos", como afirma la declaración de la última cumbre de la zona euro.
En el caso de que no se pueda romper ese círculo, o si el mercado interpreta que no se ha roto, parece muy difícil que el primer experimento de la zona euro con un rescate bancario llegue a buen puerto. Y al mismo tiempo el mes transcurrido desde que se anunció la operación hasta hoy muestra que ese vínculo entre la deuda privada y la pública sigue peligrosamente intacto.
La prima de riesgo de la deuda española ha superado los 550 puntos y los tipos de interés que el Tesoro se ve obligado a abonar por el bono se han situado en el inquietante entorno del 7%, niveles récord, en ambos casos, desde el nacimiento del euro. El Ejecutivo ya ha indicado que es muy difícil para España refinanciar su deuda a ese precio y el sector privado tampoco dispone de demasiado margen. La solución pasa por recuperar la credibilidad, una tarea que corresponde al Gobierno, y por limar las aristas de un rescate que espantan al inversor, un trabajo que corresponde al Eurogrupo y que España debe exigir.