Abierto procedimiento para nombrar un nuevo titular

El juicio de los controladores sufre el segundo cese de juez en tres meses

La instrucción del juicio por el plante de los controladores aéreos en 2010 ha vuelto a frenarse tras sufrir el cambio de su segundo juez instructor en el plazo de tres meses. En junio se decidió no prorrogar la actuación de la magistrada Carmen Simón, que en abril había sustituido a María Sagrario Herrero, titular del Juzgado 3 bis de Madrid. El CGPJ estudia ahora que otro juez, sin abandonar sus cometidos, asuma también esta causa.

El proceso de instrucción del juicio contra unos 400 controladores aéreos de Madrid y de otros grandes aeropuertos españoles, que se concentró en el Juzgado de Instrucción número 3 bis de Madrid, sigue sufriendo sensibles turbulencias. En los últimos tres meses, y por causas diversas, ha sufrido el cese y la sustitución de las dos jueces instructoras designadas: primero de la titular, María Sagrario Herrero, y más tarde de su sustituta, Carmen Simón.

Ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia una propuesta para que "un magistrado de Madrid", titular de otro juzgado, se haga cargo de la instrucción del caso controladores situándose al frente del Juzgado 3 bis, según afirmaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tales fuentes indicaron que "este magistrado" (del que no quisieron desvelar su nombre "porque el nombramiento aún está sin ratificar") no abandonará los cometidos en su actual juzgado, sino que "compatibilizará ambos".

Fuentes jurídicas de la defensa de una de las partes implicadas en el caso controladores han asegurado a CincoDías que, desde el pasado día 29 de junio, en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid no se realiza ningún tipo de diligencia y se han suspendido todas las declaraciones previstas. El portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid citado indicó que, hasta que el CGPJ ratifique al nuevo titular, los asuntos urgentes de la instrucción del caso controladores son atendidos "por el juez del Juzgado número 30".

El cese y sustitución de las dos juezas de instrucción del caso controladores se ha producido por razones diversas. La primera de ellas, María del Sagrario Herrero, era titular de este Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid desde febrero de 2011. Este juzgado fue creado ex profeso en ese momento para instruir el caso del cierre del espacio aéreo ocurrido el 3 de diciembre de 2010, coincidiendo con el plante de los controladores aéreos de Aena.

Entonces se justificó el desdoblamiento del Juzgado de Instrucción número 3 por "la alarma social y la especial complejidad" que revestía el caso, con 250.000 pasajeros afectados por la huelga.

Quince meses después, en abril último, la jueza María Sagrario Herrero abandonaba la instrucción del caso controladores para hacerse cargo de una plaza en propiedad del Juzgado 54 en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras el cese de Herrero, el 25 de abril, se hizo cargo de la instrucción como jueza sustituta Carmen Simón, que ya venía actuando como apoyo de la anterior titular. Simón desempeñó sus funciones durante los meses de mayo y junio. Las fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aseguraron que el órgano de gobierno de esta institución decidió no prorrogar más allá del 30 de junio último la actuación de la jueza sustituta en el Juzgado de Instrucción 3 bis, en una iniciativa que calificaron de "habitual".

Macrojuicio 16

Un procedimiento muy complejo

Alarma: el caso controladores, según fuentes las fuentes jurídicas implicadas, se ha convertido en uno de los procedimientos más complejos de la historia.

En 18 meses de instrucción, el juzgado ha acumulado una documentación de más de 35 tomos con 80.000 folios, hasta el momento,

250.000 afectados, de los que 20.000 se han personado y más de 400 imputados tiene la causa.

Pesimismo creciente entre los afectados

Los vaivenes en la instrucción del caso controladores, sumados a la complejidad que está adquiriendo el procedimiento, han intensificado el pesimismo entre los pasajeros afectados por los sucesos del 3 de diciembre de 2010, que frustraron el disfrute del largo puente de la Constitución para más de 250.000 personas.

Los defensores de los afectados y los representantes legales de los controladores imputados temen que los cambios en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid puedan demorar "años" la consecución de una sentencia firme, y por tanto del resarcimiento de los daños ocasionados.

Las fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el contrario, son más optimistas. Afirman que la instrucción ya está realizada en sus aspectos sustanciales. Estiman que la decisión para la posible apertura de juicio oral no se demorará sino unos cuantos meses y podría producirse este año.

La trascendencia de la instrucción del caso controladores se ve realzada por el hecho de que otras iniciativas para reclamar daños por la vía administrativa o laboral han quedado en suspenso a la espera de la resolución en las instancias penales.

Entre los procedimientos en suspenso se encuentra un centenar de denuncias por vía administrativa que apuntan a Aena como responsable subsidiario de la situación, así como 425 expedientes laborales contra otros tantos controladores, abiertos en su día por la empresa propietaria de la red.

La cifra

16 es el número de sentencias que no han estimado culpabilidad en los controladores, en 22 juicios menores ya realizados.

El 3 bis no desaparece, pero pierde protagonismo

Los órganos de gobierno de la justicia en Madrid han analizado todas las posibilidades sobre el futuro del Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid y, por tanto, de las vías para ultimar la investigación del caso controladores. Finalmente han tomado la decisión de que este juzgado, creado ex profeso para el asunto, no va a desaparecer aunque, seguramente, perderá la relevancia que tuvo en el momento de su creación.

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han asegurado que, en su momento, el desdoblamiento del Juzgado 3 "supuso un gran esfuerzo institucional y económico" y se justificó en base a la "alarma social" generada por el cierre del espacio aéreo y el plante de los controladores en diciembre de 2010. Ahora, al buscar a un nuevo juez instructor que compatibilizará esta causa con los procedimientos de su propio juzgado, se tiene en cuenta que la instrucción está muy avanzada.

Fuentes implicadas en el proceso aseguraron que los órganos de gobierno de la justicia de Madrid habían barajado la posibilidad de "replegar" el Juzgado 3 bis en el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid. Esta solución ha resultado inviable dado que la titular de este último juzgado, la magistrada Isabel Durante Gil, se había declarado en su día incompatible para instruir el caso controladores. Se da la circunstancia de que el 3 de diciembre de 2010, cuando ocurrió el cierre del espacio aéreo, Durante Gil se encontraba en excedencia de la judicatura y ocupaba el cargo de directora de Sasemar, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Este ministerio, encabezado por José Blanco entonces, es parte en el procedimiento como responsable del espacio aéreo español y dueño de Aena.