Un reparto racional de competencias
La limpieza y clarificación de la maraña competencial que rige en las Administraciones locales españolas constituye una asignatura pendiente que hasta el momento no se ha abordado con la profundidad que requiere. Respaldado por la urgencia de recortar un gasto público que a día de hoy está aún lejos de la meta marcada por Bruselas, el Gobierno ha decidido por fin coger ese toro por los cuernos y preparar una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El objetivo es poner orden bajo el principio de "una competencia, una Administración". Un criterio aparentemente básico y que responde a la más elemental racionalidad, pero que choca frontalmente con la indisciplinada realidad española, en la que el reparto de tareas que rige en la Administración local adjudica a dos e incluso tres niveles una misma función. El fin que el Gobierno pretende conseguir con esta reforma -que supone, en realidad, un reordenamiento completo de los criterios de distribución de competencias administrativas y un severo aumento del control sobre su desempeño y financiación- es completar el ajuste de 3.500 millones de euros al año fijado en el Programa Nacional de Estabilidad de 2012 a 2015. Como primera medida se elaborará un listado cerrado de aquellas competencias que todos los consistorios deberán asumir de forma obligatoria. Es el caso del urbanismo, el medio ambiente, el abastecimiento y el tratamiento de aguas residuales, seguridad y protección civil, infraestructura viaria, tráfico y transporte de mercancías y promoción turística, entre otras.
Sin embargo, aún más relevante que lo asumido será lo cedido. El borrador de la reforma libera a los municipios de las duras cargas presupuestarias que supone asumir competencias en educación y sanidad. Además, la lista de competencias mínimas que deberán ejercer tampoco incluirá áreas como desarrollo económico, políticas activas de empleo y formación o promoción de vivienda de protección pública. Solo aquellos cuyas finanzas estén lo suficientemente saneadas como para asumir nuevas competencias podrán desmarcarse de un severo sistema de control cuyo eslabón de cierre será el propio Tribunal Constitucional.
Aunque habrá que esperar a la tramitación parlamentaria de la norma para ver en qué queda la propuesta final, la iniciativa del Ejecutivo constituye una verdadera reforma en profundidad del sistema de reparto de competencias de las Administraciones locales. Se trata de una iniciativa ambiciosa, que previsiblemente encontrará obstáculos en su camino, pero en la que el Gobierno debe mantener firme el timón. No se trata únicamente de instaurar la racionalidad en el reparto de funciones públicas, sino de imponer una nueva forma de funcionamiento en las Administraciones que permita sanear las agotadas arcas de los entes locales.