CPD: gasto oculto en las Administraciones públicas
En el sector público se destinan notables sumas para tecnologías de la información, incluida la creación, gestión y mantenimiento de sus centros de datos. Sin embargo, no se presta la atención necesaria al gasto que pueden suponer en sus cuentas. Por ejemplo, la factura eléctrica de los centros de datos, que suele ser desconocida.
La gestión del CPD supone inicialmente una elevada inversión para su acondicionamiento y unos gastos corrientes elevados para cubrir los costes de energía eléctrica, mantenimiento, personal, etc. Así que son, por lo que parece, ya no muchos, pero sí de peso, los motivos para plantearse un coste tan alto, sobre todo en un momento en el que la contención del gasto es una de las máximas de la Administración.
La mejora en la gestión de los costes de esta infraestructura puede conseguirse tomando dos vías. Según el informe sobre La economía digital, clave para retomar el crecimiento de AmChamSpain, la Cámara aboga por contar con la figura un de CIO o jefe de sistemas de la información que se encargue de establecer lazos entre las Administraciones públicas españolas y que tenga una visión única de todas las partidas y elementos que afectan a las TIC en todas las capas de las Administraciones. Otra vía para reducir el gasto sería externalizar el servicio en empresas especializadas.
A colación de este tema podemos destacar una declaración de la Casa Blanca, donde Barack Obama hacía hincapié en los gastos soportados por la Administración estadounidense por la gestión de sus centros de datos. Principalmente, a causa del alto coste del consumo de energía, del mantenimiento y de la dispersión de los mismos. Obama instaba a resolver este problema externalizando este servicio a un proveedor especializado, abogando por la concentración y dejando de invertir en la construcción y mantenimiento de nuevos centros de datos. Igualmente, el Gobierno holandés hizo referencia a su intención de crear una estrategia clara en torno a sus centros de datos. Su objetivo era la consolidación de sus activos TIC en proveedores especializados y reducir el número de centros de datos propios.
No todas las Administraciones siguen la senda marcada por estos dos Gobiernos, alegando muchas la pérdida de control, aunque se trate de una razón no fundamentada pues el control sigue siendo del cliente y solo cambia la ubicación de los activos. Para eliminar ese miedo, la Administración solo debe contrastar la experiencia del proveedor, su especialización y sobre todo las ventajas que supone dicha externalización tanto en costes como en la mejora de la gestión. En la actualidad hay que ahorrar y sobre todo ser eficientes y más aún las Administraciones públicas. Antes de nada es necesario conocer los costes que suponen las infraestructuras; para actuar antes hay que saber. En muchos casos, los costes eléctricos son desconocidos para los gestores de los CPD porque se incluyen en otras partidas, como en servicios generales.
Además, es necesaria una reflexión seria sobre la dispersión y cantidad de CPD de las Administraciones públicas e iniciar un proceso de consolidación, de contracción para reducir y optimizar los gastos. Un gran centro de datos que proporcione servicio a todas las Administraciones siempre será más eficiente que múltiples CPD pequeños, al igual que es más eficiente que transportar a 50 pasajeros en un autobús en vez de trasladar a las mismas personas en 50 coches. Si bien es cierto que este hecho presenta algunas decisiones a tener en cuenta en la Administración. Por ejemplo, la Administración general del Estado español ha puesto en marcha un grupo de trabajo entre varios ministerios para la consolidación y centralización de los servicios como infraestructuras, CPD o sistemas como la Administración electrónica, formación, entre otros, a través de un modelo de un centro de datos propio o implantando toda la información en un proveedor de servicios externo.
Por último, la Administración pública debe plantearse la externalización como un valor seguro con el que obtener un ahorro económico directo (con la reducción del coste total de propiedad), un ahorro económico indirecto (independencia de los proveedores de tecnología) y seguir prestando al ciudadano servicios de calidad. Además de contar con una visión más global de todos los elementos que afectan a las tecnologías de la información.
Robert Assink. Director general de Interxion en España