Los registradores tramitarán los expedientes de nacionalidad
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó ayer un convenio con el Colegio de Registradores por el que este colectivo se compromete a desatascar en un plazo de un año los 400.000 expedientes de petición de nacionalidad retrasados. El colectivo no cobrará honorarios por ello.
Desde 1995, el número de personas que han solicitado la nacionalidad española se ha incrementado de forma notable debido al aumento de la inmigración. Según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al año entran alrededor de 150.000 expedientes de este tipo, de los que Justicia solo puede resolver unos 120.000 por ejercicio. Este decalaje ha originado que actualmente existan un total de 400.000 solicitudes que están retrasadas. La media actual de tiempo de tramitación asciende a 2,5 años.
Para resolver este atasco, el Ministerio de Justicia acaba de firmar un acuerdo con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles, por el que este colectivo se compromete a asumir esta función sin cobrar honorarios y en un tiempo récord. A partir de ahora, los 1.000 registradores existentes en España tramitarán las 400.000 solicitudes retrasadas en tan solo un año.
Responsabilidad y esfuerzo
Alfonso Candau, presidente del Colegio de Registradores, aseguró ayer en la firma del convenio que la nueva competencia supone "una enorme responsabilidad y un gran esfuerzo en unas circunstancias difíciles no solo para los españoles, sino también para los registradores".
El ministro, a su vez, agradeció de forma personal "la disposición de este colectivo al interés público", y explicó que dicho acuerdo "abrirá la puerta al futuro de la colaboración institucional con este cuerpo de funcionarios públicos", al que calificó como uno de los de mayor excelencia.
Las nuevas competencias, sin embargo, no supondrán modificaciones para quienes soliciten la nacionalidad española. "El procedimiento no cambia para los solicitantes. Seguirá iniciándose en el Ministerio y será el propio Ministerio quien lo resuelva. Se trata, pues, de una nueva forma de funcionar interna", aclaró Gallardón.
Aunque los registradores no cobren, el cambio sí supondrá una inversión. Justicia estima que la nueva tramitación requerirá un gasto total de 1,1 millones de euros, que serán soportados con cargo al presupuesto ministerial.
La mayoría de esta inversión irá destinada a tecnología para abandonar el papel. De hecho, está previsto el traslado de los expedientes en papel a unas nuevas dependencias habilitadas al efecto, la digitalización de todos los expedientes para convertirlos en documentos electrónicos, la creación de un archivo electrónico que permita evitar el colapso de las actuales dependencias, el desarrollo urgente de la infraestructura tecnológica y la puesta en marcha de una red de comunicación que permita completar los expedientes con toda la documentación precisa para su resolución.
Además, no se descarta la adscripción de recursos humanos suficientes para proceder a la tramitación en un plazo fijado.
"El objetivo es ponernos a cero", advirtió el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una vez estén resueltos todos los expedientes retrasados, el Ministerio de Justicia tiene previsto realizar las reformas normativas necesarias para establecer un nuevo procedimiento de tramitación de estos expedientes que impida en el futuro poder volver a acumular un atraso semejante. El ministro no quiso adelantar ayer qué características tendrá el nuevo modelo de petición de nacionalidad.
La lucha por las competencias en exclusiva
Notarios, registradores y secretarios judiciales se encuentran en estos momentos en liza por las nuevas competencias que ofrecerá la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria. Actualmente, existe una comisión que está estudiando que competencias sacar del orden judicial -por ejemplo, matrimonios civiles y divorcios de mutuo acuerdo en donde no existan menores a cargo- para que sean una nueva responsabilidad de estos profesionales.Algunos de estos colectivos, como es el caso de los secretarios judiciales, abogan por compartir funciones y evitar el enfrentamiento entre los distintos cuerpos de funcionarios. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que algunas de las competencias de las que se están tratando se ofrecerán, sin lugar a dudas, en exclusiva a algún colectivo, sin querer especificar cuáles se están poniendo encima de la mesa.No obstante, lo que sí aclaran desde Justicia es que en el caso de una competencia se ofrezca a varios colectivos, los precios serán iguales y públicos, que no significan gratuitos, sino con tasas judiciales. En las XXVI Jornadas de la Fe Pública que organizaron este pasado fin de semana los secretarios judiciales en Pontevedra hubo alguno que se manifestó a favor de la gratuidad, aunque el presidente Rafael Lara consideró apropiado las tasas.Según estimaciones de los notarios, casarse o divorciarse ante estos profesionales podría tener un coste entre 150 y 300 euros para los matrimonios civiles y hasta 500 euros para los divorcios, aunque todavía es pronto para dar una cifra concreta. Estos nuevos ingresos supondrían un alivio importante para las arcas de un colectivo que ha sufrido una fuerte caída de ingresos como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Las cifras
1,1 millones será el gasto que Justicia deberá afrontar para tener todos los expedientes cerrados.2,5 años es el tiempo medio que tarda la petición de nacionalidad española en estos momentos.