Multa mínima de 10.000 euros por los bienes ocultos en el extranjero
El Gobierno ha anunciado una multa mínima de 10.000 euros por los bienes ocultos en el extranjero. Además, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estas deudas fiscales no prescribirán nunca.
Tras seis meses desde su anuncio, el Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley para luchar contra el fraude fiscal, con el que se pretende acabar con la economía sumergida. Para ello, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Como caballo de batalla, Sáenz de Santamaría ha señalado que los bienes ocultos en el extranjero tendrán una multa mínima de 10.000 euros. Además, según ha anunciado, las deudas fiscales no prescribirán nunca y la sanción aumentará en 5.000 euros por cada activo no comunicado que se descubra.
Asimismo, se limita el pago en efectivo a 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos. Este límite, eso sí, no afectará a las operaciones que se produzcan entre particulares o entre particulares y entidades financieras. Asimismo, se ampliará a 15.000 euros en el caso de pagadores no residentes en España. Si esta norma se incumple, serán responsables tanto el que paga como el que recibe y la multa será del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Sin embargo, la portavoz ha recordado que si una de las partes pone en conocimiento de la Agencia Tributaria el pago no será sancionado.
Por otro lado, el proyecto incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos, ya que se excluirán de la estimación objetiva las empresas con un volumen de rendimientos superior a 50.000 euros al año, siempre que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. La Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, "se podrán hacer embargos preventivos".
Además, se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan. Si estos deudores rectifican, pueden beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en las sanciones.
Sáenz de Santamaría ha señalado también que se reforzarán los convenios con Luxemburgo, Andorra o Suiza para compartir información y evitar la evasión de capitales.