Los contribuyentes ya no saben a quién creer

Desde el Ministerio de Hacienda se ha tratado por todos los medios de dotar de seguridad jurídica a la amnistía fiscal y de tranquilizar a los contribuyentes al asegurar que quienes se acojan al plan de regularización tributaria y hayan defraudado más de 120.000 euros no sufrirán procesos penales.

El propio secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre lo aseguró recientemente en una entrevista en Cinco Días en la que, además, aseguró que modificarán el Código Penal para aclarar ese extremo. La rotundidad con la que habla el poder ejecutivo contrasta con las cautelas del poder judicial. Jueces y abogados alertan de que, con la ley en la mano, nadie que regularice su situación tiene garantizado que no sufrirá un proceso penal en el caso de que existan indicios de delito fiscal.

En medio de ambas versiones, se encuentra un contribuyente descolocado que no sabe qué discurso creerse. Y, lo más preocupante, es que probablemente su asesor fiscal tampoco tenga ninguna certeza. Como se recordó en una reciente jornada sobre fiscalidad organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en la anterior amnistía fiscal de 1991, un contribuyente que se acogió a la compra de deuda pública para regularizar su situación terminó procesado por delito fiscal.