EDITORIAL

Mafo y la independencia del supervisor

Las últimas palabras de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España, pronunciadas el viernes en el marco del informe anual ante el consejo de gobierno de la institución, conforman un balance formalmente sosegado, pero también defensivo y no exento de autocrítica -leve, eso sí- del sexenio en que este ha dirigido el proceso de reordenación y saneamiento del sector bancario español. Después de enumerar algunas de las decisiones tomadas con acierto a lo largo de esos años -la constitución de provisiones bancarias "de una magnitud en torno al 13% del PIB", el refuerzo del capital de las entidades, la transformación de la mayoría de las cajas en bancos y el adelgazamiento del sector en cerca de 30 entidades-, el gobernador saliente se refirió a los ataques a la independencia y la credibilidad que ha sufrido el organismo supervisor en su actividad. Tras una única alusión de este último discurso a la posibilidad de que la labor realizada por el Banco de España durante la crisis puede haber sido en ocasiones desacertada -como evidentemente ha ocurrido-, Ordóñez recordó que el respeto por parte de las autoridades a la independencia y reputación de los organismos reguladores "es un elemento crucial para mantener la confianza interna y externa" de nuestro sistema bancario y para afrontar la dura prueba que queda por delante.

A estas alturas, y especialmente tras las tensiones vividas públicamente entre el Gobierno y el gobernador saliente, resulta difícil contradecir ese diagnóstico. Efectivamente, en los últimos meses las críticas y acusaciones al papel desempeñado por el Banco de España en la gestión de la reforma financiera han contribuido a la pérdida de prestigio que ha ido sumando, por su propia mano y responsabilidad, la institución. Sin embargo, también cabe preguntarse por qué Ordóñez no denunció con la contundencia de este último discurso esas injerencias en el momento en que se produjeron. El gobernador recordó en su despedida que la rendición de cuentas no debería ser considerada únicamente como una obligación, sino también como un derecho, en una clara alusión al veto impuesto por el Grupo Popular a su petición de comparecencia en el Parlamento.

Más allá de todo ello, es indudable que el trinomio que componen la confianza, la independencia y la credibilidad constituyen en esta durísima coyuntura histórica el primer reto que debe afrontar el Banco de España de la mano de su nuevo gobernador, Luis Linde. De la fortaleza y voluntad de este dependerá la tarea de defender la institución como si de un fuerte se tratase, como también dependerá del Gobierno la decisión de respetar con rigor exquisito -tanto en el fondo como en las formas- la autonomía de un organismo cuyo prestigio es un valor fundamental para poder fraguar el futuro inmediato de España.