FCC presiona a Hacienda para acelerar el cobro a las comunidades autónomas
Las mayores constructoras del país esperan culminar el primer semestre con las facturas de ayuntamientos y comunidades cobradas. FCC dijo ayer que al plan de pago a proveedores podrían sumarse otros organismos públicos al no haberse agotado el fondo de 35.000 millones. La iniciativa es vital para aflojar la tensión sobre la deuda de estas compañías.
El Gobierno tiene prácticamente rematada la actualización de las facturas impagadas por los ayuntamientos y mantiene el día 30 de junio para comenzar a liquidar las deudas de las comunidades autónomas con sus proveedores. Sin embargo, empresas que han esperado años para ver su dinero meten presión para que Hacienda acelere todo lo posible.
Ayer fue FCC la que comunicó a la CNMV que ya ha recibido 1.122 millones del Fondo de Pago a Proveedores en la fase que toca a los consistorios, de un total de 1.400 a 1.500 millones que espera recolectar en total. Pero la empresa que preside Baldomero Falcones fue más allá y aseguró que prevé cobrar "antes del 30 de junio" las cantidades pendientes de las comunidades autónomas. En este caso, FCC espera ingresar unos 350 millones y de la fecha en que se liquiden los derechos de cobro dependerá el cierre del primer semestre.
A la vista de que los ayuntamientos van a actualizar impagos por 9.580 millones y que las comunidades autónomas han presentado facturas por 17.276 millones, queda un importante remanente hasta los 35.000 millones del Fondo de Pago a Proveedores. FCC opina que esos 8.150 millones restantes deberán servir para que otros organismos públicos morosos, como mancomunidades, consorcios regionales y demás, pongan al día sus pagos.
La opinión de este grupo empresarial es de máxima relevancia al ser el mayor proveedor de servicios a las Administraciones públicas. De FCC partió, por ejemplo, la primera negativa a aceptar quitas en estas deudas.
Inyección de caja
El pago a proveedores actúa como transfusiones de sangre a unas empresas que perdían vitalidad a medida que la imposibilidad de cobrar a la Administración tensionaba sus fondos de maniobra. Las cantidades percibidas ahora no afectarán a la cifra de ingresos, ebitda o beneficios, ya que se trata de entradas que convierten circulante en caja. El destino natural, por tanto, es el recorte de la deuda financiera neta. Así será en el caso de Acciona, donde se han liquidado facturas municipales por 160 millones y se espera otro tanto de las autonomías.
ACS, con previsión de actualizar unos 1.040 millones de deudas de ayuntamientos, también centrará la inyección recibida a reducir deuda. La empresa que preside Florentino Pérez espera ahora en la cola de las comunidades autónomas, con facturas por otros 400 millones de euros.
En FCC, la reducción de la deuda es igualmente prioritaria, pero es previsible que parte de los 1.122 millones recibidos vayan a atender pagos e inversiones en curso.
El hecho es que para estas empresas de construcción y servicios se hace ahora menos imperante la necesidad de financiación externa para atender el fondo de maniobra; se reduce la necesidad de refinanciar deuda a largo plazo en las actuales condiciones de mercado; y se debería lograr que las propias constructoras mejoren los plazos de pago a sus proveedores.
De cara al mercado, también se despeja la incógnita sobre cobros que empezaban a ser dudosos. ACS, por ejemplo, había llegado a establecer un calendario de pagos a diversos ayuntamientos, por 230 millones, antes de que el Gobierno lanzara el plan de proveedores. En esa estrategia particular, el grupo que preside Florentino Pérez ofrecía cuatro años para que los municipios fueran cumpliendo con sus obligaciones.
Al margen de estas grandes entidades cotizadas, miles de pymes enfocadas a prestar servicios se veían abocadas al concurso de acreedores al encontrarse sin liquidez y sin acceso al mercado financiero.
El escarmiento invita a una mayor selección
Las constructoras cotizadas son propietarias de las mayores empresas de servicios del país, como Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) o FCC Servicios (grupo FCC). Estas cuatro, más Acciona y OHL, tenían facturas de ayuntamientos ya vencidas y pendientes de cobro por 5.800 millones de euros. La cifra representa más de la mitad de los impagos de los municipios de todo el país.Tras cobrar las deudas, las empresas aseguran que van a a extremar la selección de los contratos para evitar nuevos impagos multimillonarios.Hacienda se ha comprometido a que los proveedores que trabajen para la Administración no paguen el IVA hasta que hayan cobrado sus facturas. Se trata de minimizar los riesgos al sector privado.