El Estado pedirá el rescate: son sus bancos
El Gobierno tiene un empeño especial en evitar que el rescate europeo de los bancos dañados tenga que pedirlo el Estado. Pero nadie sino el Estado, y el Gobierno que lo administra, podrá pedir los fondos para el rescate de los bancos previamente intervenidos y saneados con dinero público, como es el caso de Bankia, Catalunya Caixa o Novagalicia. Son bancos completamente públicos.
La presión que está ejerciendo el mercado financiero sobre España en las últimas semanas es imputable a que sospecha que las necesidades financieras de los bancos para suturar la herida inmobiliaria son muy elevadas. Una cantidad más cercana a los 100.000 millones de euros que a su mitad para cubrir los defectos de capital y provisiones ya aprobadas de toda la banca, si bien una cantidad razonable la aportarán los accionistas, sobre todo en las entidades privadas cotizadas. Pero tal cantidad es una mera sospecha que tendría que ser confirmada por las dos agencias valoradoras contratadas por el Gobierno y el Banco de España.
Emilio Botín cuantifica en una cantidad de 40.000 millones de euros las necesidades para los bancos dañados, los fondos que necesariamente tendrían que ser públicos. El mercado ha puesto la prima de riesgo donde la ha puesto, en niveles que dificultan y mucho la financiación; pero a servidor se le antoja excesivo el castigo su la cantidad de recursos públicos se limitase a los 40.000 millones que calcula el presidente de Banco Santander. Nada que ver con la ingente cantidad que tuvo que poner el estado irlandés; nada que ver con el 13% del PIB de dinero público que puso Alemania en sus bancos al inicio de la crisis.
Hay que recordar que España tiene un PIB de más de un billón de euros, y una deuida pública que terminará este año en el 80% del PIB, como mucho en el 85% del PIB si tuviese que acumular esos cuatro puntos de los que habla Botín. Pero sea por las reservas que tiene el mercado o por la sospecha de que la cantidad será más elevada, o sea por la resistencia de España a aflorar de una vez sus vergüenzas financieras, el bono está en el 6,5% y seguramente habrá que echar mano de dinero comunitario para capitalizar las entidades, mayoritariamente cajas de ahorros.
Lo que está fuera de toda duda es que tendrá que hacerlo el Estado. Él es su propietario, como accionista muy mayoritario en todos los casos en los que las entidades han sido intervenidas y nacionalizadas, y que acaparan la inmensa mayoría de las necesidades de capital y provisiones. Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa, así como Banco de Valencia, están gestionadas por el Estado, o al menos tuteladas, ya que el capital es de todos los españoles.
Malamente podrá esquivar el Gobierno la petición de ayuda para estas entidades si son de propiedad pública. Podemos encontrarnos, si finalmente Europa acepta que las entidadfes pidan recursos comunitarios al fondo de rescate, que Ignacio Goirigolzarri, Castellano y Adolf Todó pidan dinero para capitalizar unas entidades cuyo accionista es, gráficamente, Luis de Guindos como ministro de Economía, el Estado español, en definitiva.
Tiene sentido que el Gobierno quiera separar claramente el riesgo bancario del de la deuda pública; pero cuando la crisis aprieta y la banca se acerca a la bancarrota, para evitarse, el Estado tiene que abrazar estrechamente al oso bancario para evitar su desplome.