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Los graduados sociales buscan crecer en el sistema jurídico

La reforma laboral otorga a estos expertos un nuevo campo legal de actuación.

Los graduados sociales buscan crecer en el sistema jurídico
Los graduados sociales buscan crecer en el sistema jurídico

Los graduados sociales quieren ganar peso como operadores jurídicos en el sistema español. La pretensión de poder presentar recursos de casación en la jurisdicción social y su inclusión en el sistema de la justicia gratuita y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son los principales planteamientos del colectivo para lograr este objetivo. La reciente reforma laboral otorga un nuevo espacio de juego a estos expertos en el mercado de trabajo.

Entre el 23 y el 25 de mayo el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) ha celebrado en la constitucional ciudad de Cádiz su XII asamblea nacional durante la que han debatido y generado propuestas de una actualidad cebada del protagonismo que la crisis otorga al mundo de la empresa y las relaciones laborales. El debate sobre sus reivindicaciones, como el ingreso de un representante en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la firma de los recursos de casación, han compartido espacio con la defensa del modelo de colegiación obligatoria o su deseo de mayor protagonismo en el sistema de justicia gratuita y, por supuesto, con la omnipresente reforma laboral, para la que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su intervención de clausura, pidió a los graduados sociales "compromiso", como al resto de la sociedad, para "que tenga éxito".

Los graduados sociales son los operadores jurídicos más jóvenes en el sector legal. Profesión nacida del germen de las Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo en 1925, es en la década de los cincuenta cuando toma impulso como actividad reconocida y definitivamente, a partir de los años ochenta, con el reconocimiento a su formación como titulación universitaria -hoy de grado-, cuando empieza un despegue que a día de hoy les ha situado a las puertas de ingresar en el CGPJ. El aldabonazo al pleno reconocimiento de los graduados sociales como operador jurídico llegó con las reformas procesales introducidas por la implantación de la Nueva Oficina Judicial por Ley 13/2009, en la que se habilitaba a estos profesionales para la presentación ante los tribunales del recurso de suplicación en el orden social.

Dos años después, lo que está en la mesa es la reivindicación de completar el iter procesal con la "reforma de la Ley de la Jurisdicción Social que permita a los graduados sociales presentar el recurso de casación", según defiende el presidente del consejo, Francisco Javier San Martín. "Esta reforma supone dotar de legalidad a lo que ahora es una realidad: el graduado es el que redacta el recurso en muchos casos, que lo presente ante el tribunal es algo razonable", planteamiento que "hasta la fecha" no ha recibido rechazo por ningún operador jurídico y que Javier San Martín "no ve lejana".

Su proyección como profesión jurídica en alza también impulsa, alimentada por la profunda crisis económica, su posicionamiento en el sistema de justicia gratuita que sostiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución. En opinión del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, uno de los ponentes de la asamblea general celebrada en Cádiz, "la inclusión de los graduados sociales en la asistencia jurídica gratuita no supone ni supondrá un mayor coste para la Administración estatal o autonómica", pero debe hacerse en " igualdad de condiciones que el resto de las profesiones jurídicas para que los ciudadanos puedan elegir libremente, entre las distintas profesiones", cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades.

En esta dirección, su colega Ricardo Gabaldón, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, reclama a la Administración que supere las "muestras y testimonios de respeto y aprecio" por la labor altruista que ahora realizan los colegios de graduados sociales en el asesoramiento para que se modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita incluyendo a los graduados sociales, "no solo por reconocimiento profesional, sino en interés principalmente del ciudadano".

Servicios profesionales

La intención del Gobierno de volver a considerar la reforma de la Ley de Servicios Profesionales para -en su criterio- fomentar la competitividad y deshacer obstáculos para el ejercicio profesional ha generado una intensa inquietud entre el colectivo, que muestra su rechazo frontal a uno de sus efectos más temidos: la supresión de la colegiación obligatoria (salvo contadísimos casos), que afectaría a los graduados. También la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha emitido recientemente un informe muy duro sobre los colegios profesionales, a los que acusa de poner "barreras" que en muchos casos dificultan la competencia.

Javier San Martín se muestra contundente al calificar "de gran error" ese camino, que "desde luego no va a contribuir a mejorar la economía", y al defender que "la colegiación debe ser obligatoria, en todas la profesiones, pero desde luego en los servicios médicos o jurídicos en defensa de los intereses de los ciudadanos".

San Martín defiende con vehemencia el "servicio público" que realizan los colegios controlando la deontología profesional y velando "por la correcta actuación de sus colegiados", además de ser una fuente indispensable de formación, mejorando con ello "el servicio que se presta al ciudadano" y evitando con su existencia "la jungla" en que se puede convertir la actividad profesional.

Vocal en el CGPJ

En un momento convulso y de debate político acerca de la reforma del Poder Judicial y su órgano de gobierno, los graduados sociales vienen desde hace tiempo manteniendo un discurso sin estridencias pero sostenido reclamando que, como operador jurídico, al igual que abogados y procuradores, deben sentarse en el Consejo General del Poder Judicial, propuesta que parece que va abriéndose camino.

El propio director general de relaciones con la administración de justicia, Ricardo Conde, manifestó en la inauguración de la asamblea nacional que el ministerio la consideraba "una reivindicación justa" y que habían "tomado nota de la misma".

Javier San Martín aboga por un CGPJ "despolitizado, en el que solo los jueces deben ser nombrados por los jueces y el resto de profesionales del Derecho por propuesta de sus respectivos consejos generales". Así, dice el presidente de los graduados, "se evitarían situaciones como las que se están viviendo en estos momentos".

La invitada permanente a todos los debates, formales o espontáneos, de la asamblea nacional fue la reciente reforma laboral, sobre la que participantes y expertos han debatido con intensidad. Para el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Federico Durán, que leyó una ponencia sobre las relaciones laborales y el espíritu liberal, "es necesario encontrar un punto de equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la flexibilidad que necesita el empresario parar poder adaptarse a las condiciones económicas del mundo actual" y esta reforma "culmina con cosas en las que no se atrevió a profundizar el anterior Gobierno".

En otra dirección, el presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner compartió, "como estudioso del Derecho, no como magistrado", sus dudas sobre la legalidad del contrato de emprendedores introducido en la reforma laboral. Para Moliner, el contrato de emprendedores no responde a su nombre, "porque pueden acogerse empresas ya constituidas, no de nuevo lanzamiento", y sobre todo "el establecer un periodo de prueba de un año con carácter general "puede atacar al principio de causalidad" del ordenamiento jurídico. Para el magistrado, "los periodos de prueba tienen que ser de prueba real y deben tener una duración razonable".

Moliner sugiere cambiar la denominación a "contrato de crisis", en cuyo caso estarían justificadas determinadas medidas de "economía de guerra", sugiriendo al Senado que tome ese camino para evitar posibles conflictos de legalidad.

En alerta por la regulación colegial

El Gobierno ha comprometido en el Plan Nacional de Reformas una nueva Ley de Servicios Profesionales que determinará, entre otras materias, qué profesiones han de tener colegiación obligatoria y cuáles no.

Hay bastante expectación en todos los colectivos profesionales por los pasos que va a dar el Ejecutivo en esta materia, y el de los graduados sociales no es una excepción. El Gobierno retoma así la tarea que dejó pendiente el anterior.

La reforma laboral "mas importante" desde 1980

Según Javier San Martín, se trata de "la reforma laboral más importante desde 1980" y, a pesar de haberse manifestado en otras ocasiones por una reforma más profunda, considera que "es suficiente, introduce unas herramientas de reducción de costes que permiten al empresario sobrevivir a la crisis".

La lectura de San Martín es clara: "Vivimos una economía de guerra y todos debemos ser sensibles al problema de una crisis tan brutal como la que estamos viviendo. La prueba de su oportunidad es que los empresarios, sobre todo los pequeños, dirigen la casi totalidad de sus consultas a los graduados sobre cómo poder aplicarla en su empresa".

También se muestra convencido de que la reforma "no vulnera ningún derecho constitucional y contribuirá a generar empleo", aunque también se manifiesta partidario de cambiar la denominación del contrato de emprendedores por "la más afortunada" de contrato de crisis. Desde que se aprobó la reforma en febrero se han firmado 26.000 contratos indefinidos de apoyo a emprendedores, un dato positivo, según el Gobierno.