Ni un solo despido de empleados públicos en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se jactó el día después del último Consejo de Política Fiscal de que, pese a los recortes aprobados para que el plan de ajuste recibiera el visto bueno de Hacienda, ningún empleado público (aquí se incluye a los laborales y a los interinos) iba a ser despedido.

Esta noticia, sin embargo, ha sido recibida con recelo entre los propios funcionarios andaluces por la más que previsible bajada de salarios que van a tener que afrontar a corto plazo, que se sumaran a las ya sufridas en el ejercicio anterior, para que todos los empleados públicos conserven su puesto de trabajo. Incluso algunas fuentes sindicales ya han expresado públicamente a Griñán su desacuerdo con la política de contrataciones de personal laboral en alguna de las consejerías, que, a su juicio, no son compatibles con la promesa de redimensionar el sector público. Andalucía es la comunidad autónoma con más funcionarios, cerca del medio millón, lo que supone más del 18% de los registrados en España.

La protección al empleo público, sin embargo, no la comparten el resto de las autonomías. Buena prueba de ello es que el sindicato CSI-F, el mayor de la función pública, entregará en el registro del Ministerio de Hacienda una carta en la que insistirá en reclamar cambios en la reforma laboral para evitar el despido de 700.000 trabajadores en las administraciones públicas.