Banco público, el plan B del Gobierno
El futuro a corto plazo de las cajas de ahorros controladas por el FROB -Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia- comienza poco a poco a tomar forma. Dadas las evidentes dificultades para sacar a subasta en estos momentos las tres entidades y hacerlo con mínimas posibilidades de éxito -no solo por las condiciones del mercado, sino también por la carga añadida que suponen las nuevas exigencias de saneamientos-, el Gobierno baraja la posibilidad de poner en marcha un plan B para buscar una salida a un problema que cada día resulta más difícil resolver. De las palabras pronunciadas tras su comparecencia en el Congreso por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se desprende que la alternativa del Ejecutivo sería crear un banco público que aglutinase en una sola dirección a las tres cajas controladas por el FROB. Un control estatal cuya cuantía suma un total de 450.000 millones de euros en activos bancarios, lo que supone nada menos que el 20% del sector bancario español.
Dejando a un lado el hecho de que en la coyuntura actual, más que buenas soluciones, lo que existen son soluciones menos malas u obligadas, la propuesta que baraja el Gobierno puede convertirse en un instrumento para desatascar un proceso que a día de hoy parece enquistado. Como advertía el propio Guindos, la creación de un banco público debería tener carácter transitorio y solo puede entenderse como una solución provisional a un problema estrictamente coyuntural. El control público de las tres entidades participadas por el FROB debe durar única y exclusivamente el tiempo necesario para que estas puedan sanearse, trocearse y venderse convenientemente, de forma que el proceso concluya de la forma menos gravosa posible para el erario público y, por tanto, para todos los contribuyentes. Pese a todo, a día de hoy son más las incógnitas que los datos concretos acerca del modelo que el Gobierno tiene en mente si se descarta definitivamente la vía de las subastas.
La creación de esa entidad financiera pública, además de servir de cauce para desatascar el problema puntual de estas entidades, debe ser utilizada para acelerar la culminación del proceso de reordenación, redimensión y saneamiento del sector bancario español. Una asignatura pendiente cuyo retraso hemos pagado -y seguimos pagando- a un precio desorbitadamente alto en términos de financiación y que debe cerrarse cuanto antes. Durante el tiempo en que el Estado controle esa hipotética gran entidad -el futuro de Banco de Valencia, dado su reducido tamaño, parece que se dilucidará separadamente-, esta debe utilizarse, en la medida de lo posible, para reactivar aquellos sectores que más necesiten de estímulo, además de constituir un modelo de gestión seria, eficaz y transparente.