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La reestructuración financiera

Un lastre para largo sin crédito a la vista

La creación de un gran banco público requiere comprometer dinero del Estado durante varios años y una laboriosa gestión para reconstruir el negocio y reactivar la financiación

A España le ha podido la tozudez. El empecinamiento de ir contra el mercado, de considerar que la economía se recuperaría, de creer que los bancos saldrían adelante por sus propios medios. El país no aprovechó el gran saneamiento de la banca occidental realizado tras la quiebra de Lehman Brothers y ahora, con tres años de retraso y el viento en contra, le toca sacar el talonario.

Esta es la síntesis que hacen los expertos del proceso de reestructuración financiera nacional. Un proceso que parecer haber llegado esta semana a una nueva estación de penitencia en su vía crucis. La nueva etapa tiene nombre y apellidos: la constitución de un gran banco público con los maltrechos balances de Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia, como alternativa a unas subastas que a día de hoy podrían quedar desiertas. El grupo resultante sería más grande que Santander o BBVA, los campeones del sector. Guardando las distancias que marcan el correr del tiempo y el contexto, el proyecto equivale a lanzar una Argentaria 2.0.

Los expertos consultados coinciden en que la medida que sopesa el Gobierno es la consecuencia natural de la reestructuración que vive la banca en España. "No sé si es una buena opción, pero no tengo claro que haya más alternativas", reflexiona Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

La ayuda otorgada a la banca en España es ridícula si se compara con Alemania, Reino Unido o Irlanda

Los bancos privados pueden sentir que un grupo apuntalado con fondos de los contribuyentes sería una fuente de competencia desleal, pero esta solución le evita al sector poner su dinero. Y esto es un punto crucial. La industria mantiene desde hace meses un pulso cerrado con las autoridades sobre cómo sufragar los esquemas de protección de activos (EPA) que exigirían las subastas de Catalunya Caixa y Novagalicia. Los bancos sanos rehusan pagar los platos rotos.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) dispone de dinero para blindar al comprador de Banco de Valencia, pero cubrir a los adjudicatarios de cualquiera de las otras dos entidades nacionalizadas exigiría a la banca adelantar las cuotas previstas al FGD para los próximos ocho o nueve años. Se llegó a estimar que debería desembolsar unos 20.000 millones de euros, pero este importe se habría disparado con la aprobación del segundo decreto de saneamiento aprobado hace dos semanas (RDL 18/2012).

Una vez creado el gran banco público queda la duda de qué hacer con él y es aquí donde Nuria Álvarez se muestra preocupada. "¿Qué participación tendría el Gobierno en la nueva entidad y cómo debe vender sus activos para recuperar el dinero? Se pueden desgajar los de calidad, ¿qué hago con los más problemáticos?".

Un analista de un importante banco español, que prefiere mantener el anonimato, coincide con Álvarez en que "no queda más remedio que nacionalizar porque la caída de una entidad como Bankia sería catastrófica para la economía del país y conllevaría medidas de ajuste más duras que cualquiera de los recortes sociales que hemos visto". Pero a juicio de este experto, es mejor reunir las entidades con problemas bajo una misma estructura que tener varias firmas públicas. Así se agiliza su reestructuración, se aprovechan mejor las sinergias y, sobre todo, "traslada al mercado el mensaje de que se ha tomado el toro por los cuernos". Su previsión es que un eventual gran banco público sería una entidad que "dará algo de crédito, aunque sea poco".

En este punto, la experiencia de los rescates en EE UU, Alemania, Irlanda o Reino Unido son un punto de referencia. "Los países que salen ahora del agujero son aquellos que han recapitalizado sus bancos. España es la más cuestionada en los mercados porque todavía no ha puesto dinero público", advierte Joaquín Maudos, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia.

Un informe del FMI muestra cómo, hasta mediados de 2011, España apenas había aportado un 3% de su PIB al rescate de bancos en apuros. En comparación, Irlanda había destinado el 40,6%, Holanda el 14%, Alemania el 13,2%, e incluso EE UU, el país más rico del planeta, el 5,1%. En términos absolutos el dinero público inyectado por España en la banca también palidece con el de otros Estados. Un informe de la Comisión Europea muestra cómo Madrid había dedicado 13.660 millones de euros a recapitalizar bancos hasta el cierre de 2010 (CCM y Cajasur). En comparación, Reino Unido desembolsó 123.310 millones para evitar la caída de sus grupos financieros en apuros, Alemania otros 112.770 millones e Irlanda unos 53.280 millones.

"España no ha afrontado antes el saneamiento de su banca porque se minimizó la crisis y se pensó que se saldría de ella rápido", recuerda Maudos. En esencia, se creyó que los bancos tenían un problema de liquidez. Pero tres años y una miríada de medidas después se ha asumido que la cuestión pendiente es la solvencia. Por el camino se han dispuesto los avales públicos para las emisiones, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), la desmutualización de las cajas, el endurecimiento de los ratios de capital y del calendario de provisiones, la inyección de preferentes (FROB 1), las nacionalizaciones (FROB 2), las dotaciones extra para cubrir adjudicados y la creación de una provisión genérica por exposición a promotores.

La conclusión de la historia es que al Estado le tocará poner dinero porque -y en esto todos los expertos consultados tienen una opinión unánime- "de una crisis financiera no se sale sin apoyo público". En este punto surge la duda de si se recuperarán los fondos y la experiencia da razones para el optimismo y el desasosiego a partes iguales. El informe del FMI muestra cómo los principales países europeos y EE UU han recuperado 452.000 millones de dólares de los 1,7 billones que concedieron hace tres años. Queda camino por recorrer y España debe asumir que el trayecto será largo, más aún en un entorno de recesión económica muy adverso para el negocio bancario. Los expertos dan por descontado que habría banco público para cinco o 10 años. Si el Estado quiere rentabilizar la inversión deberá entrar a precio de derribo en el capital, ser paciente y, por supuesto, realizar una buena gestión de la entidad.

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