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Columna
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Otra mala noticia: el déficit público

España hizo un gran esfuerzo para reducir el gasto público con el objetivo de ingresar en la Unión Monetaria. Conseguido el ingreso, el comportamiento cambió y el control del gasto público se hizo laxo. No tiene por tanto nada de extraño que el déficit hiciera su aparición llegando a situarse en el 11,3% del producto interior bruto (PIB).

La Comisión Europea llamó a España la atención ante la fuerte tasa de déficit alcanzada y le obligó a elaborar un plan de reducción del mismo para que en el año 2013 no rebasara el 3% del PIB, señalando los déficits máximos que podrían alcanzarse en cada uno de los años del periodo.

El plan se ha ido cumpliendo excepto el pasado año (2011), en el que el déficit rebasó ampliamente el fijado por la Comisión Europea. Dicha Comisión prevé que el PIB caerá en 2012 durante todo el año y el paro rebasará el 25% de la población activa. El ritmo de caída se acelerará en el segundo semestre según el Departamento de Economía de la Comisión Europea.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, considera que el objetivo de déficit del 5,3% del PIB fijado para el corriente año es innegociable; la Comisión Europea prevé un 6,4% para 2012 y un 6,3% para 2013, con lo cual, los objetivos de déficit para dichos años no se alcanzarán. No parece lógico que España cumpla en los años 2012 y 2013 el déficit que en principio se le fijó, cuando la propia Comisión reconoce que no es posible, por el fuerte cambio de las tasas de crecimiento del PIB.

Si se fuerza a España a cumplir los límites de déficit que en su día se le fijaron, ello supondría tener que reducir su actividad económica precisamente en el momento en que nos encontramos en plena recesión. Por todo ello, creo que España debe acudir a la Comisión Europea para demostrar de manera fehaciente la imposibilidad de cumplir los niveles de déficit fijados para los años 2012 y 2013.

A la Comisión Europea se le mostraría el sistema de control que va a implantarse para conseguir que en 2014 el déficit no sobrepase el 3% del PIB. Por eso es necesario dicho sistema de control, que sería mensual y abarcaría las operaciones de la Administración central del Estado, de la Seguridad Social, de cada comunidad autónoma, diputaciones provinciales y de cada ayuntamiento.

Cuando la estructura presupuestaria de los organismos públicos no sea idéntica para todos los grupos de agentes públicos, sería necesario elaborar un tipo de programa informático de captación de datos específico para dichos organismos. El sistema estaría totalmente informatizado y se elaboraría un manual para cada tipo de organismo.

El Gobierno debería hacer público cómo se han llevado a cabo las reducciones en cada mes y cuál es su plan para que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB al finalizar 2014. Los ciudadanos se enterarán de cómo se ha conseguido cumplir lo ordenado por la Comisión Europea. Esta experiencia debe servir para que en lo sucesivo los acuerdos de la Comisión Europea se pongan en marcha inmediatamente.

El tema que estamos analizando es muy importante. Si al incumplimiento del déficit público fijado por la Comisión Europea se une la falta de credibilidad de España en política monetaria, como parece estar sucediendo, es necesario un cambio inmediato de comportamiento sobre la información fiscal y financiera facilitada a la Comisión Europea. La credibilidad se tarda mucho en conseguir pero puede perderse fácilmente, como parece que nos está sucediendo. Nunca la Administración española ha tenido fama de chapucera.

José Barea. Catedrático Emérito de la UAM

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