Los Veintisiete acuerdan reforzar la regulación de agencias de calificación
Los países de la Unión Europea (UE) han alcanzado este lunes un acuerdo político para fortalecer la regulación de las agencias de calificación de riesgo, según informó la presidencia danesa de la Unión en un comunicado.
El acuerdo, que se logró a nivel de embajadores de los países de la UE, deberá ahora ser negociado con el colegislador comunitario, el Parlamento Europeo.
La presidencia danesa de la UE destacó la importancia de una calificación "precisa" del crédito de los Estados, empresas o productos financieros para el buen funcionamiento de los mercados y para la estabilidad financiera.
Señaló que las nuevas normas pactadas este lunes por los Estados miembros van encaminadas a mejorar las calificaciones de manera que reflejen "los verdaderos riesgos" en el crédito.
Asimismo, ayudarán a reducir la dependencia de esas calificaciones, tanto para los inversores como de cara a la regulación financiera, y facilitarán la posibilidad de que inversores o emisores de instrumentos financieros responsabilicen a una agencia de calificación si no cumple las normas.
"La crisis ha demostrado que la supervisión y la regulación de las agencias de calificación es muy importante", indicó la ministra danesa de Asuntos Económicos y del Interior, Margrethe Vestager, quien confió en que el compromiso alcanzado permita la evaluación del crédito de los Estados y los productos financieros "sobre una base profesional y cualificada".
Por su parte, el ministro danés de Industria y Crecimiento, Ole Sohn, consideró que el acuerdo facilitará que nuevos actores entren a competir en un mercado dominado por unas pocas agencias, y que reducirá "el exceso de dependencia" de las calificaciones en el sistema financiero.
Asimismo, confió en que las nuevas normas sirvan para reducir el riesgo de conflictos de intereses entre las agencias de calificación y sus clientes, y que mejoren la transparencia en el sector.
La presidencia danesa recordó que, a lo largo de la negociación del acuerdo, uno de los asuntos centrales fue la discusión sobre la necesidad de introducir reglas para hacer que los emisores de instrumentos financieros cambien de agencia transcurridos cuatro años.
Muchos Estados miembros mostraron su preocupación por que dicha propuesta "no funcionase en la práctica", por lo que la presidencia de turno de la UE optó por que las normas se limitasen a las llamadas retitulizaciones, unos productos financieros de una estructura particularmente compleja que pueden presentar más dificultades a los inversores a la hora de evaluar su verdadero riesgo crediticio.
De ese modo, una determinada agencia no podría calificar retitulizaciones del mismo emisor por un periodo igual a la duración del contrato expirado (un máximo de cuatro años).
También según las nuevas normas, los inversores o emisores podrían denunciar daños producidos por agencias de calificación, si sufren pérdidas a causa de una infracción que hayan cometido de forma intencionada o a causa de una negligencia grave.
Además, las calificaciones de la deuda soberana tendrían que ser supervisadas, al menos, cada seis meses en lugar de los doce actuales.