La obligación de pagar es para todos
El funcionamiento natural de la economía consiste en que mientras unos pagan por ciertos servicios o productos otros cobran por ellos y en que, a partir de ahí, la rueda sigue su giro. Pero eso requiere que todos los participantes en la actividad económica deben engrasar el juego de ese mecanismo. El problema se produce cuando este esquema falla en alguno de sus escalones.
El Ejecutivo español acaba de garantizar a las compañías constructoras que van a cobrar las importantes cantidades que les adeudan las Administraciones públicas, bien sean del nivel central, autonómico o local, en los plazos fijados en el plan de pago a proveedores. Es una forma de tranquilizar a un transcendental sector que sigue pendiente de importantes desembolsos, íntimamente relacionados con la crisis. Obviamente, nadie duda que es en el campo de la construcción donde la economía española manifiesta enormes debilidades y, por ende, de ahí es de donde surgen los graves problemas que acucian a muchas de las empresas.
Un importante número de proveedores, representados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad -un millón de empresas y 1,5 millones de trabajadores-, está presionando al Ejecutivo para que habilite fórmulas que permitan cobrar sus deudas. Algo que tiene todo el sentido del mundo, principalmente porque muchas de estas empresas declaran estar al límite y aseguran que necesitan esos fondos para subsistir y no tener que entrar en un indeseable proceso de recorte de personal que sumar al penoso incremento de la cifra de paro. La acertada intención de estas sociedades es que el Ejecutivo apruebe un régimen sancionador que incluya multas de hasta 900.000 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y cierres temporales de las empresas si no hacen frente a sus compromisos.
La propuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad consiste en que se establezca un un mecanismo transitorio. Pero que, al tiempo, ese marco de sanciones por incumplir los plazos entre en funcionamiento en cuanto se ponga el contador de la deuda a cero.
Las empresas de subcontratas aciertan al presionar al Gobierno para que habilite un mecanismo que les permita cobrar lo que les adeudan las constructoras a través del plan de pago a proveedores. Incluso lo hacen cuando para defender sus intereses, y por tanto su futuro, van más allá y reclaman sanciones para aquellos grupos que incumplan de forma sistemática los plazos de pago que están fijados en la ley. El mecanismo del plan de pago a proveedores encara uno de los momentos más esperados por parte de las empresas que han ido acumulando facturas impagadas de ayuntamientos y comunidades autónomas. A partir de este 31 de mayo tanto las pymes como los autónomos cobrarán unas deudas que, sorprendente e increíblemente, siguen en parte contabilizadas todavía en pesetas. Los primeros que lo harán serán aquellos con las deudas más antiguas y que no hayan presentado reclamaciones judiciales.
El problema es que todavía hay muchas empresas que dudan sobre cómo y cuándo van a cobrar. Un rechazo a ni más ni menos que 2.000 planes de ajuste municipales, imprescindible para acceder al plan de pago a proveedores, ha levantado sospechas entre las grandes constructoras sobre el posible retraso en el cobro, lo que podría lastrar sus resultados del segundo trimestre. Hacienda las tranquiliza al asegurar que cobrarán en el plazo fijado. El Estado garantiza que adelantará el dinero que adeudan esos municipios y luego lo recuperará a través de la retención en la participación de esos ayuntamientos en los ingresos del Estado. La duda es cuál es la cuantía de esas retenciones.
Ahora, la inquietud ha surgido en las pymes que han sido subcontratadas por las grandes constructoras y acumulan un gran volumen de deuda. Ante la falta de pago de las Administraciones públicas, las grandes retrasaron el abono de las facturas y las pequeñas acumularon muchas impagadas. Un nuevo problema que es urgente resolver.