El crédito del Banco de España
La que era una de las instituciones más reputadas y respetadas del país y de su entramado económico, el Banco de España, ha dejado de serlo. El prestigio ganado en el pasado innovando mecanismos de protección de la solvencia bancaria y desplegando severas fórmulas de supervisión después imitadas en todo el mundo se está desvaneciendo poco a poco. La incapacidad para corregir a tiempo actitudes bancarias inapropiadas del último boom del crédito -el desarrollado en los primeros ocho años de este siglo-, y pese a hacer acertados diagnósticos de los efectos de las desviaciones, ha erosionado con el devenir de la crisis a la que hace 10 años era la más acreditada de las instituciones monetarias del mundo.
El súbito rescate de Bankia la semana pasada decidido por el Gobierno, ante la pasividad de los supervisores con el estado financiero de una entidad de tal tamaño, ha terminado por poner en la picota al Banco de España y a su gobernador, al que el Ejecutivo y el Partido Popular han sentenciado, aunque en parte fuese para defender al ya expresidente de Bankia Rodrigo Rato.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez está amortizado como gobernador por los acontecimientos, una gestión muy mejorable -en la que han destacado sus consignas reformistas neoliberales mientras el sistema bancario se agrietaba indefectiblemente-, y también porque su tempo acaba en poco más de 50 días. Pero ahora el objetivo debe ser recomponer el prestigio de la entidad para recuperar la maltrecha credibilidad del sistema financiero, una pieza sin la cual es impensable recomponer los flujos de financiación mayorista y la propia economía española. Para ello se debe buscar un sustituto independiente, prestigioso, con contactos internacionales e, inexcusablemente, de consenso. Y un número dos con un concienzudo conocimiento del día a día y de las interioridades de la banca española.
El ensayo de la imposición política practicado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, rompiendo una tradición de compromiso en la que el Ejecutivo nombraba al gobernador y la oposición al subgonernador, y en la que se identificaban a personas técnicas con cierto perfil de neutralidad, ha resultado contraproducente.
Pese a los mensajes cruzados por Gobierno y oposición, en los que dan por descartada la recomposición del consenso en esa materia, deberían intentarlo hasta lograrlo. Al margen de los méritos o deméritos cosechados, tanto los responsables políticos gubernamentales como los banqueros en privado han extremado el hostigamiento al gobernador, hasta el punto de que el último capítulo conocido, la valoración de las carteras de crédito por parte del BCE, parece una suerte de intervención explícita del propio Banco de España. Algo que nunca debería haber ocurrido.