Goirigolzarri toma mando en Bankia e inicia su nacionalización

BFA, la matriz de Bankia, se rindió ayer a la evidencia de sus debilidades y encajó la primera gran decisión de su nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri: nacionalizar la entidad. Los 4.465 millones de euros inyectados por el FROB hace un año y medio se transformarán en acciones. De acuerdo con Economía, el Fondo pasará a controlar el 100% de BFA y el 45% de Bankia. El Gobierno se compromete además a aportar el capital que sea necesario para sanear el balance del grupo.

Se veía venir. Después de meses de rumores en los que se señalaba a Bankia como el gran problema del sistema bancario español, ayer se materializó lo que cada vez parecía más inevitable: la nacionalización de Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia). La enorme cartera de activos inmobiliarios problemáticos (de 31.800 millones de euros), las difíciles perspectivas de negocio, junto con los problemas de gobernanza y las advertencias de organismos internacionales sobre la necesidad de sanear la entidad han llevado al Gobierno a orquestar una operación de rescate con dos pilares: otorgar las riendas de la gestión a José Ignacio Goirigolzarri (ex consejero delegado de BBVA) e inyectar fondos públicos para sanear el balance del grupo.

Ante la gravedad de la situación, el consejo de administración de BFA aceptó por unanimidad la propuesta del nuevo presidente de solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -un organismo controlado por el Banco de España y el Ministerio de Economía- la conversión en acciones de los 4.465 millones de euros que había inyectado en el grupo a finales de 2010. Con la transformación en capital de estas participaciones preferentes (deuda), el Fondo pasará a convertirse en único accionista de BFA, ostentando el 100% del capital, de acuerdo con un comunicado remitido por el Ministerio de Economía. De forma indirecta controlará el 45% del accionariado de Bankia, el mismo porcentaje que hasta ahora tenía BFA en su filial cotizada

Las cajas que alumbraron el proyecto (Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Ávila) y que hasta ayer controlaban el 100% de BFA, pierden su principal activo y se ven abocadas así a convertirse en fundaciones. Su obra social queda en el aire.

El desembarco de Goirigolzarri y la decisión de reclamar la conversión de las preferentes del FROB en capital se aceleró después de que aumentara la inquietud entre los clientes del grupo y se produjera una salida de efectivo superior a la habitual, según explican fuentes cercanas a la cúpula de la entidad. El propio Banco de España -en evidente segundo plano durante estos días frente a la iniciativa mostrada por Economía- reconocía anoche en un comunicado que "los acontecimientos de las últimas semanas y la creciente incertidumbre sobre el futuro de la entidad" han obligado a adoptar esta medida excepcional.

Cuando el consejo rector del FROB acepte la propuesta (previsiblemente la próxima semana) y se materialice la operación, BFA será la octava entidad financiera cuyo control ha tenido que ser asumido por el Estado, después de las intervenciones de CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia, y las nacionalizaciones de Catalunya Caixa, Unnim y Novacaixagalicia. Por dimensión, se trata de la mayor toma de control de una entidad financiera de la historia de España, puesto que el grupo tiene 340.000 millones de euros en activos y más de 10 millones de clientes. En poco más de tres ejercicios, el 55% del sector de cajas (18 entidades) ha pasado a estar controlado por el Estado.

La jornada de ayer se desarrolló a un ritmo frenético. En un consejo extraordinario celebrado por la mañana, el consejo de Bankia, la filial cotizada del grupo, nombró a Goirigolzarri presidente ejecutivo del grupo, después de que Rodrigo Rato y José Manuel Fernández Norniella (su mano derecha) presentaran su dimisión. Algunos consejeros, como Virgilio Zapatero, pusieron su cargo a disposición del consejo.

Nada más tomar mando en plaza, Goirigolzarri, lanzó un mensaje de confianza: "Asumo el puesto con un gran sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo con una gran ilusión", porque "creo que tenemos entre las manos un proyecto de extraordinario futuro", explicó el directivo a Efe Televisión. En su reunión ante el consejo de BFA, el nuevo presidente pidió algo de tiempo para analizar las cuentas de la entidad e iniciar una nueva etapa de gestión del grupo.

También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de tranquilizar a los accionistas y depositantes de la entidad. "Sabemos que la situación es difícil y sabemos qué hay que hacer y lo vamos a hacer", aseguró durante una cumbre hispano-portuguesa celebrada en Oporto. Tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España destacaron en sus comunicados que la entidad seguirá funcionando "con absoluta normalidad" y garantizaron que "ningún acreedor de la entidad, incluidos los depositantes y titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta decisión".

La operación de rescate de Bankia

Aunque Rodrigo Rato y el resto de directivos de la entidad habían insistido en la capacidad del grupo para seguir en solitario, sin necesidad de recurrir a ayudas públicas, la situación de la entidad empezó a deteriorarse de forma irreversible el 4 de mayo. El pasado viernes la CNMV remitió un hecho relevante en el que Banco Financiero y de Ahorros daba cuenta de sus cuentas anuales consolidadas de 2011. El documento, además de revelar que el grupo acumulaba al cierre del pasado ejercicio activos inmobilarios problemáticos por importe de 37.517 millones de euros, tenía un dato aún más preocupante: no contaba con la firma del auditor. La firma Deloitte había pedido a BFA que actualizara la valoración que tenía en libros de su participación del 45% en Bankia, la filial bursátil. El descuadre entre el valor en libros y el valor de mercado llegaba a más de 3.500 millones de euros, de acuerdo con el diario El País. La imposibilidad de cargar este desfase patrimonial contra resultados (el grupo ganó 41 millones de euros) obligaba a cargarlo contra patrimonio, lo que habría obligado igualmente a convertir los 4.465 millones de euros de participaciones preferentes del FROB en acciones.

El deterioro de la situación de Bankia venía de lejos, pero se había agravado con la intervención de su filial Banco de Valencia y con las exigencias de saneamientos de la reforma financiera.

25.000 millones de ayudas públicas para el sector

El sector financiero español ha recibido o tiene apalabrado ingresar desde que comenzó la crisis entre 21.500 y 25.000 millones de euros en ayudas del Estado. Entre una tercera parte y un 40% de este dinero ha ido a parar a BFA-Bankia. El Estado ha suscrito 4.465 millones en preferentes del grupo. Con la conversión de estos títulos en acciones, la previsible aportación extra de dinero público oscilará entre 2.500 y 5.500 millones para que el banco disponga de los entre 7.000 y 10.000 millones que necesita para recapitalizarse.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se constituyó en 2010 con el objeto de suscribir deuda emitida por entidades. A través de la compra de preferentes se inyectaron 9.674 millones al gremio. Pero las dudas en torno a la banca no terminaban de disiparse y, por eso, el Banco de España y el Ministerio de Economía endurecieron las ratios de capital mínimo que debían alcanzar las entidades. Tres grupos no lo lograron y fueron nacionalizados: Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim. Costó 4.751 millones.

Por otra parte está la factura de firmas intervenidas. BBK ha recibido 392 millones de apoyo al adjudicarse Cajasur. A su vez, CAM fue reforzada con 2.800 millones antes de ir a parar a Banco Sabadell. El Estado ha adelantado los fondos, que la banca devolverá a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El dinero público también ha sido necesario para reflotar Banco de Valencia (1.000 millones), aún en subasta, y lubricar la fusión de Unicaja con Caja España Duero. Esa operación ha exigido apalabrar un pago de 475 millones.

Por último queda el potencial desembolso ligado a los esquemas de protección de activos dispuestos de las subastas.