Las autonomías asumirán hasta un 33% de las becas

Rajoy sancionará a las universidades que gasten más de lo que ingresen

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció el viernes que las universidades estarán obligadas también a cumplir una de las principales normas de la estabilidad presupuestaria: no gastar más dinero del que ingresen. Wert advirtió de que las que no lo cumplan serán sancionadas "de forma automática". El importe será asumido por la autonomía en la que esté situada.

Rajoy sancionará a las universidades que gasten más de lo que ingresen
Rajoy sancionará a las universidades que gasten más de lo que ingresen

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, salió arropada por los ministros de Sanidad y Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert, para detallar los ajustes que se realizarán, vía decreto, en sanidad y educación con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros. De ellos, 7.000 procederán del ámbito sanitario, a través de medidas como el copago farmacéutico, del que solo estarán exentos los parados sin prestación.

En materia educativa, y para tratar de ahorrar 3.000 millones de euros, el Gobierno dará el visto bueno a un paquete de medidas, entre las que destaca una subida de tasas de hasta el 66% para algunas titulaciones. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Wert detalló algunas de las novedades que se incluirán en el decreto que se publicará el sábado en el BOE, como el hecho de que las universidades también estarán sometidas a la ley de Estabilidad Presupuestaria. "Las universidades van a tener que someterse a los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para frenar las situaciones de desequilibrio económico que se han producido. Habrá consecuencias punitivas para los que incumplan, que operarán de forma automática", apuntó.

El titular de Educación trató de clarificar las dudas planteadas por algunos consejeros autonómicos sobre el encaje de un modelo en el que se suben las tasas y las becas se reducen. Wert aclaró que esa situación no se producirá, ya que el importe para becas seguirá siendo el mismo. Lo que variará será la contribución del Estado, que pagará tan solo una parte y el resto lo abonará la comunidad autónoma. De este modo, un alumno becado recibía hasta ahora una ayuda media de 1.000 euros al año, que era sufragada íntegramente por el Estado. Con los cambios que se quieren introducir, el Ejecutivo seguirá pagando lo mismo, pero la comunidad autónoma deberá pagar la parte proporcional en la que decida subir las tasas universitarias (tiene un margen de hasta ese 66%).

En el caso de que la autonomía opte por aplicar el incremento máximo de tasas, un alumno becado para el curso escolar 2012-2013 podría recibir una ayuda máxima de 1.666 euros, de los que 1.000 euros procederían del Estado y 666 de las autonomías (un 33%). "Este dinero deben detraerlo de los mayores ingresos que obtendrán con la subida de tasas", matizó Wert.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo contaron con el rechazo generalizado de la comunidad universitaria. El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, manifestó que son "pan para hoy y hambre para mañana, ya que no se está pensando cuál es el proyecto de sociedad que se quiere hacer para ser competitivos". En la misma línea, el rector de la Universidad de Extremadura (UEX), Segundo Píriz, fue especialmente crítico con el incremento de tasas. "No podemos estar de acuerdo con una subida de este tipo para los estudiantes extremeños, teniendo en cuenta que forman parte de 30.000 familias, muchas de las cuales pasan por una situación económica compleja", subrayó.

Las medidas

Subida de tasas: las tasas de matriculación en la universidad podrán subir desde los casi 1.000 euros de media por alumno hasta algo más de 1.660 euros.

Más alumnos por clase: en la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por aula se incrementa un 20%. Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en primaria y 30 en secundaria. Las bajas del personal inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por profesores del propio centro.

Más control contra el fraude del turismo sanitario

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un cambio en la Ley de Extranjería para atajar un fraude muy extendido entre ciertos colectivos de extranjeros, mediante el que sus familiares vienen a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria. Mato explicó que con esas modificaciones se tratará de clarificar los trámites para que el empadronamiento deje de ser el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria.

Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que se va a tener en cuenta "las personas que de verdad viven en España". Fuentes del Ejecutivo apuntaron, por ejemplo, que se exigirá estar matriculado en un colegio, en el caso de los menores. La titular de Sanidad justificó esta medida al apuntar que "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

Según los cálculos que maneja Sanidad, a tenor del último informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente a 2009, más de 700.000 personas utilizaron estos servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso un gasto de 917 millones ese año. El departamento dirigido por Mato cree que esa cifra se habría ampliado en los dos años posteriores, al menos hasta los 1.500 millones.

El Gobierno también endurecerá el acceso a la sanidad pública para los residentes extranjeros. Estos tendrán que contar con una autorización previa de su Gobierno si requieren un tratamiento con aparatos de alta tecnología o si precisan una hospitalización que supere un día de estancia.