No era un órdago a Repsol
No era un farol. El Gobierno de Argentina nacionaliza, expropia, YPF. Espadas en todo lo alto. La política es a veces ciega, incluso confiada. La crisis política entre los dos países estalla. El tejido industrial empresarial español en el país austral es extraordinario. El litigio jurídico no ha hecho más que empezar. Dirimir esta controversia jurídica arrastrará más argumentos y opiniones que la demagogia política de la presidenta argentina que envuelve la expropiación en un mando de soberanismo ebúrneo y de cánticos patrióticos a los que en Latinoamérica desde hace años se llama la nueva conquista española. Las inversiones. La punta de lanza española y europea en el vertiginoso y, por el momento, asombroso despegue de la región. No importan las víctimas: la primera, la seguridad jurídica; la segunda, las inversiones y la economía, la huida o no de otros capitales, de otros empresarios e inversiones y proyectos.
El corazón de la expropiación, el 51% de YPF, el control de la misma a manos del Estado y de las provincias petroleras. La farragosidad del proyecto de ley que bendice y vehicula la expropiación se traduce en 19 artículos y una cincuentena de páginas con alambicados argumentos de un credo autojustificativo que ignora y deja de lado las reglas del juego empresarial, comercial y competitivo. En la retórica expositiva, justificaciones y apelaciones a lo nacional, al aseguramiento de la continuidad operativa de una empresa y unas extracciones como si nos las hubiere en el momento actual. Excusas cimbreadas de oportunismo y tergiversación de realidades y de hechos. Muestrario de curvas de desinversión oportunistas y nunca justificadas en sus verdaderos argumentos. Comparativas de mal gusto, cual trompas de elefante en lo que es el falso populismo de la presidenta argentina que disimula en interés público otros intereses. Se esgrimen cifras de inversiones de YPF, de beneficios de la misma, de las rentabilidades de la empresa española, así como de otras de origen español y como corolario se arguyen y dejan sobre el tapete político y populista otras rentabilidades hacia empresas e inversiones españolas.
Pero, ¿qué hay detrás de esta expropiación-atentado contra la seguridad jurídica y vulneración de las reglas de competencia de la inversión, de la libertad de empresa, de las estructuras societarias, de las políticas de inversión y planificación?, ¿hasta qué punto son buenas, lícitas incluso, las reservas de acción e influencia de un Gobierno golden share?
Primero se desnacionaliza, había que hacer caja, ahora desde hace mes y medio se emprende una soterrada y sórdida lucha que aplaca mercados, hace caer las cotizaciones de YPF y Repsol en los mercados internacionales y lo deja en manos de un tribunal de tasación sin que queden claros los parámetros justiprecios de la expropiación. YPF era la joya de la corona, pero ¿para quién en verdad es la joya? Las acciones de la una y de la otra han caído casi un cuarto de valor en medio mes. La escalada del conflicto y la tensión política han preparado el camino para el Gobierno argentino. No quiere perder la ocasión de pastorear allí, en Vaca Muerta, la enormidad de unos yacimientos de incalculable valor. Es una presa fácil puertas adentro, con la ley argentina, pero sin respeto a tribunales, arbitrajes ni cámaras internacionales. Eso no entra en la demagogia kirchneriana, la del victimismo soberano y nacionalista, la que reviste de interés público los hidrocarburos cuando se ven como un filón necesario y placentero para unas estructuras políticas profundamente corruptas.
Para Repsol, la compañía argentina es simplemente su buque insignia, su presente, pero sobre todo su garantía de futuro, a modo de inversiones, de reservas y de rentabilidades bien dosificadas. Pero la pregunta clave ya no es esta sino la línea de defensa jurídica para Repsol. ¿Cómo, dónde y en base a qué puede proteger las inversiones realizadas? ¿Está Argentina dando un tratamiento justo, no discriminatorio y equitativo de la inversión de Repsol en su país conforme a los dictados del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) que ambos países tienen suscrito? Este acuerdo impide toda nacionalización o expropiación sin indemnización equivalente al valor de mercado de la inversión ahora nacionalizada. ¿Es competente el tribunal de tasación argentino?, ¿cómo lo valorará, en base a qué ratios y cálculos? ¿Y el lucro cesante? Y, sobre todo, ¿cómo y cuándo se pagará esa indemnización?
Si no hay acuerdo satisfactorio para Repsol, y no parece que lo vaya a haber, amén de lo que digan las legiones de despachos y juristas contratados por la sociedad española, el único camino que le queda a esta es acudir al Tribunal Internacional de Arbitraje creado por el Banco Mundial en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
¿Y el papel de la Unión Europea? Simple, ni está ni se la espera. Simple presión. España tampoco es Alemania. ¿Y España? Pues tendrá que coordinar mejor las respuestas y también su posición como Gobierno que lo que han dicho hasta el momento Soria, Margallo, Sáenz de Santamaría y Cospedal. Los directivos y trabajadores españoles acaban de ser expulsados de la sede de la filial, esas son las cartas de la presidenta argentina. No era un órdago, sino un taimado enroque despreciando la legalidad pero en nombre de ella.
Abel Veiga Copo. Profesor de Derecho Mercantil de Icade