Las nuevas medidas antifraude, claves para el éxito de la amnistía
El que no se acoja ahora al proceso de regularización está jugando a la ruleta rusa". Así lo advierte el socio y director del área fiscal de Broseta Abogados, Luis Trigo, que sostiene que el anteproyecto de medidas contra el fraude impulsado el viernes supone un gran aliciente para acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó quince días atrás.
El Ejecutivo ha anunciado un endurecimiento de las medidas contra el fraude para garantizar el éxito de la amnistía fiscal que, según las previsiones de Hacienda, permitirá aflorar 25.000 millones de euros y recaudar 2.500 millones. La principal novedad es la creación de una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero. A través de este mecanismo, el Ejecutivo declarará la "imprescriptibilidad de las rentas no declaradas". Ello supone que un contribuyente que hubiera abierto una cuenta con dinero evadido, por ejemplo, en 1980, podrá ser sancionado en cualquier momento en el que Hacienda le descubra. Además, la Agencia Tributaria podrá imputar esa renta en los periodos no prescritos como una "ganancia de patrimonio no declarada".
El cambio es significativo. Por ejemplo, ahora, un contribuyente que sea descubierto con una renta no declarada solo deberá responder ante el fisco por los intereses obtenidos en caso de que sea capaz de demostrar que ese patrimonio procede de un ejercicio prescrito. Con la nueva normativa, Hacienda podrá sancionar y hacer tributar por el principal (no solo los intereses) aquellos importes defraudados en periodos ya prescritos. Así lo señalan fuentes jurídicas y fiscales. El fraude fiscal prescribe a los cuatro años y a los cinco años cuando la cuantía evadida supera los 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que existe delito fiscal. Esos límites se mantienen.
La decisión anunciada el viernes por el Gobierno supone una medida polémica y que algunos expertos ya apuntan que podría vulnerar la Constitución. "Parece incongruente que el delito fiscal reciba un trato más severo que delitos más graves", apunta Carlos Albiñana, socio del departamento fiscal de Allen & Overy. En cualquier caso, habrá que esperar a que el Ejecutivo elabore el borrador del anteproyecto de ley para poder valorar con más precisión su adecuación a la Carta Magna. Con todo, Trigo recuerda que en el impuesto sobres sucesiones y donaciones se produce una situación similar en los casos de herencias o donaciones recibidas en el extranjero.
Los expertos opinan que Hacienda cuenta cada vez con mayores medios para descubrir rentas ocultas debido a la presión que sufren los paraísos fiscales. En los últimos meses, se han firmado y entrado en vigor convenios de doble imposición con países como Andorra, Bahamas o Panamá, que hasta ahora tenían la consideración de paraísos fiscales. Ello no significa que Hacienda tenga un acceso ilimitado a las cuentas bancarias de esos países para descubrir a defraudadores españoles. En la mayoría de los casos, esos territorios solo ofrecerán datos bancarios de clientes si existe una denuncia previa y "fundamentada" de la Administración tributaria española. Hacienda pretende trasladar la imagen de dureza para que un mayor número de contribuyentes se acoja a la amnistía fiscal, que permite repatriar o aflorar dinero oculto pagando solo un tipo especial del 10%. Sin embargo, Albiñana, de Allen & Overy, señala que existe mucha incertidumbre acerca del plan de regularización y defiende que la Agencia Tributaria deberá ofrecer más garantías y seguridad jurídica para atraer a los contribuyentes. En este sentido, indica que no está claro qué consecuencias puede tener el plan de regularización sobre otros tributos como el de patrimonio.
Todos los asesores empiezan su jornada laboral abriendo el BOE para saber si se ha publicado ya el formulario a través del cual se tramitará la amnistía fiscal. Hacienda indica que todavía están elaborando dicho documento e insisten en que se garantizará la total confidencialidad del contribuyente.
Recurso al TC
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, anunció ayer que su partido pedirá la paralización de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que rompe el principio de igualdad entre los españoles recogido en la Carta Magna. Rubalcaba, en declaraciones a TVE, aseguró que esta amnistía es una "inmoralidad" e insistió en que es "injusto" hacer pagar menos a los defraudadores que decidan aflorar sus activos que a quienes han pagado puntualmente sus impuestos.