Severidad y eficacia contra el fraude fiscal

Pese a que los cálculos sobre el volumen de la economía sumergida son siempre aproximados, dado que se trata de actividad sustraída al control fiscal, existe un amplio consenso en cuanto a que España tiene un problema serio a estos efectos que es necesario combatir. Entre los análisis más relevantes sobre el alcance de la bolsa de actividad oculta al fisco figura el realizado por el Círculo de Empresarios, que cifra ese montante en torno al 25% del PIB, o el de Funcas, que lo rebaja hasta algo más del 21%, pero que advierte de que se ha multiplicado por cuatro en 20 años mientras que el volumen de la economía oficial únicamente lo ha hecho por dos. De acuerdo con el cálculo del servicio de estudios de las cajas, se trata de un tipo de actividad que en España genera una merma aproximada de ingresos fiscales que supera los 30.000 millones de euros. Además, alimenta alrededor de cuatro millones de puestos de trabajo, aunque algunos de ellos corresponden a trabajadores que simultanean esa actividad con otro empleo oficial.

No es la primera vez que la OCDE llama la atención sobre la necesidad de que España adopte de una vez medidas para hacer aflorar la economía sumergida, lo cual no es ni mucho menos una buena tarjeta de presentación de cara al exterior. Uno de esos toques de atención se produjo el pasado mes de octubre, cuando fuentes del organismo recordaban la urgencia de solucionar el problema, dada la necesidad que tiene España de cumplir con sus objetivos de ajuste presupuestario. En ese sentido, la propuesta avanzada ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de limitar a 2.500 euros los pagos en efectivo que se realicen en las transacciones en que intervenga un empresario o un profesional constituye una respuesta oportuna y relevante. La cuestión es si, además de todo ello, resultará también suficiente para cumplir con su objetivo.

Países de nuestro entorno, como Francia o Italia, cuentan con una normativa similar a la que Mariano Rajoy ha anunciado como parte del plan de lucha contra el fraude fiscal que mañana aprobará el Consejo de Ministros. La legislación francesa fija el límite del pago en efectivo en 3.000 euros mientras que la italiana lo reduce a 1.000. Puesto que la radiografía sobre la economía sumergida en España arroja un perfil más cercano al de Italia que al de Francia, los expertos alertan de que el límite de 2.500 euros podría ser insuficiente para hacer aflorar una cantidad significativa de dinero negro. La propuesta de endurecer ese umbral constituye una crítica razonable y constructiva que el Gobierno debería examinar con atención y que podría enriquecer el texto cuando este inicie su tramitación parlamentaria. Una vez adoptada la decisión de coger el toro de la economía sumergida por los cuernos sería una lástima -y un lujo que España no puede permitirse- limitarse a abordar el problema de forma parcial, en lugar de hacerlo con la mayor severidad y el mayor control posibles.

La importancia de afrontar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida va más allá de la necesidad de reforzar las arcas públicas y se extiende a la gran asignatura pendiente que tiene España: reconstruir una imagen externa de país solvente, serio y eficaz. La recuperación de la confianza de los mercados financieros pasa por alejar la idea de que la economía española comparte rasgos negativos con las de países socavados por los efectos del fraude y la actividad económica informal, como puede ser el caso de Grecia, donde el problema se ha convertido casi en endémico. La aprobación de un plan de lucha contra el fraude riguroso, exigente y sin grietas que permitan eludir el control de Hacienda supone así un paso estratégico en la hoja de ruta reformadora que el Ejecutivo ha puesto en marcha, y que incluye tanto cambios coyunturales como estructurales. Además de todo ello, el endurecimiento del control tributario tiene un último y tercer objetivo cuya importancia no se debe desdeñar: transmitir al conjunto de la ciudadanía el mensaje de que la crisis económica no es un problema de algunos, ni siquiera de una mayoría, sino de todos y cada uno de los españoles.