Educación baraja aumentar la ratio de alumnos por aula o eliminar algunas carreras

La reducción de los servicios sanitarios y el copago por rentas centrará la reforma de Mato

La presión de los mercados, con una prima de riesgo que alcanzó los 434 puntos, obligó ayer al Gobierno a concretar un poco más cómo será el ajuste de 10.000 millones previsto en sanidad y educación. La reducción de los servicios sanitarios que serán financiados por el sistema o el copago por rentas son solo algunas de las medidas que se plantean.

El pago de las medicinas en función de la renta, un mayor control del turismo sanitario, la receta electrónica y una tarjeta sanitaria única en toda España serán algunas de las iniciativas que permitirán al Gobierno recortar en 7.000 millones el gasto sanitario. Tal y como revelaron ayer distintas fuentes oficiales, se pretende además reducir y racionalizar el catálogo de prestaciones a las que tienen derecho todos los ciudadanos que acudan al sistema público.

Consciente de que serán las comunidades autónomas las que tengan que poner en marcha estos ajustes, el Gobierno prevé ir pormenorizando cada una de las medidas en el Consejo Interterritorial de Salud que se reunirá el próximo 18 de abril.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la reforma sanitaria se hará de forma "estructurada y contrastada e incluirá una redefinición de la cartera de servicios básicos". Dentro de esos 7.000 millones, unos 700 millones, el 10% del ahorro previsto, se obtendrán tras la puesta en marcha de una central de compras para la adquisición de medicamentos y diverso material. Pero no será lo único. El Ejecutivo parece decidido a mantener la atención a todas las patologías, pero introduciendo criterios para decidir en qué casos se deben limitar o suspender. Esto podría afectar a los tratamientos de fertilidad, en los que los resultados sean negativos de forma reiterada, o las operaciones de cambio de sexo.

Wert apunta recortes en el aprendizaje de idiomas

Desde el Gobierno, también se pretende realizar un mayor esfuerzo para frenar el turismo sanitario, controlando a aquellas personas de otros países que acuden a España para someterse a intervenciones quirúrgicas no urgentes que en sus países de origen deben pagar. Otro de los costes sobre los que se pretende actuar es el del transporte sanitario, limitándolo siempre que la situación del paciente lo permita.

El Departamento que dirige Ana Mato estudia, además, incluir el copago por rentas en la compra de medicamentos, pero respetando la confidencialidad de los datos fiscales de los usuarios.

A este respecto, ayer Montoro indicó que la barrera de los 100.000 euros apuntada por el titular de Economía había sido una "idea general". "Ese nivel puede ser utilizado, pero estamos en estudio de todo esto, porque no es tan sencillo hacer cambios de esta envergadura", precisó el ministro de Hacienda en RNE. No obstante, reiteró que el Ejecutivo está analizando "los niveles de renta" de los españoles para afrontar " dichos cambios" y que estos "no sean injustos ni perjudiquen a la gente con menos ingresos".

En Educación, el ajuste previsto será algo menor al sanitario, de 3.000 millones de euros. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, concretará la próxima semana a las comunidades autónomas el desglose de dicho recorte. Entre las medidas que se barajan está el aumento del número de alumnos por aula, una central de compras como la sanitaria o la eliminación de carreras universitarias con escasa demanda. Ayer Wert adelantó que las ayudas al aprendizaje de idiomas también se verán mermadas. "Son mucho más eficientes los cursos de inmersión lingüística en España que el turismo lingüístico en Australia, EE UU o Reino Unido", subrayó.

Las cifras

700 millones de euros podrá ahorrarse el Gobierno con la puesta en marcha de una central de compras para medicamentos.

1.400 euros es el máximo que pagan los estudiantes por tasas en la universidad pública. El mínimo se encuentra en los 557 euros.

3.000 millones es el ahorro que se quiere obtener con la reforma educativa.

Aguirre propone devolver al Estado competencias autonómicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró ayer firme partidaria de la revisión del Estado de las Autonomías y la devolución de algunas competencias, así como la supresión de ciertas subvenciones a quienes pueden sostenerse solos.

En la primera reunión mantenida con el presidente Mariano Rajoy desde que este accediera al Gobierno, la máxima responsable de Madrid le propuso devolver las competencias de sanidad, justicia y educación, "lo que supondría un ahorro de 48.000 millones de euros para las autonomías".

Desde su punto de vista, "para salir de la crisis hay que adelgazar y encarar una reforma en profundidad de la Administración pública, maximizando ingresos, reduciendo gastos y cortando radicalmente con la duplicación y triplicación de las funciones".

Ante el revuelo formado por estas declaraciones, la respuesta de Rajoy no se hizo esperar. En una comparecencia en el Senado y sin referirse directamente a la idea lanzada por Aguirre, el jefe del Ejecutivo ofreció su apoyo al modelo actual. "Estamos de acuerdo en evitar duplicidades y gastos superfluos. No cuestionamos el modelo, sino la gestión del mismo", dijo en respuesta a una pregunta de la senadora Amelia Salanueva, de UPN, sobre el sistema competencial navarro.

Para Aguirre, por el contrario, la propuesta se sustenta en que, a su juicio, el Estado de las Autonomías "no ha servido para lo que se creó: integrar a los partidos nacionalistas catalanes y del País Vasco, sino para encarecer y complicar el funcionamiento de las demás regiones".

Según la presidenta de Madrid, analistas de todo el mundo opinan que España "no puede permitirse el lujo de tener 17 miniestados, como los llaman algunos".

Con matices, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no puso objeciones a que se inicie un proceso de recentralización de competencias, "pero siempre y cuando estas devoluciones afecten solo a las autonomías creadas artificialmente y no a territorios como el País Vasco o Cataluña, con una secular voluntad de autogobierno", manifestó en el Parlamento catalán.

Aguirre también abogó por retirar las subvenciones públicas a todos los que pueden sostenerse solos, citando a los partidos políticos, patronales, sindicatos y contribuyentes de rentas altas.