Guindos plantea que las rentas altas paguen más por las medicinas

Rajoy prevé ahorrar otros 10.000 millones en Sanidad y Educación

El Gobierno anunció ayer por sorpresa que las reformas que prepara en los ámbitos sanitario y educativo propiciarán un ahorro de costes adicional de 10.000 millones de euros. El anuncio fue realizado mediante una nota enviada a los medios de comunicación a media tarde sin que ningún representante del Ejecutivo compareciera para dar más explicaciones.

El mensaje sorprendió a propios y extraños, aunque durante toda la jornada se habían sucedido distintas declaraciones que trataban de enfriar el revuelo causado una vez más por el ministro de Economía. Luis de Guindos reconoció a primera hora de la mañana en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno está estudiando fórmulas para que los contribuyentes con mayores ingresos paguen por acceder a determinadas prestaciones sanitarias.

En concreto, explicó que se valorará "si las personas con rentas superiores a 100.000 euros tienen que abonar una cantidad por acceder a determinados servicios".

A última hora de la mañana, fuentes gubernamentales ya tuvieron que aclarar a Europa Press que la progresividad en función de la renta solo se estudia para el precio final de los fármacos; mientras que el PP atribuyó las palabras de De Guindos "a una reflexión personal". La propuesta del Gobierno será planteada a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud antes de finales de mes. El objetivo es reducir el gasto farmacéutico con el fin de que deje de representar el 25% del presupuestario sanitario y se modere al 15%, que es la media europea.

El Ejecutivo acelera la venta de entidades financieras con participación mayoritaria del sector público y más medidas y ventas de empresas estatales

Sin embargo, estas aclaraciones no parecieron calmar a la oposición política y a la opinión pública, ya que a partir de entonces se sucedieron las reacciones desde todos los ámbitos posibles.

Es ahí donde se interpreta la necesidad del Ejecutivo de tener que contrarrestar esta polémica con más información. La nota emitida por el Ministerio de la Presidencia confirmó que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mantuvo ayer una reunión urgente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, su equipo económico y los titulares de Educación y Sanidad, José Ignacio Wert y Ana Mato, respectivamente.

Dudas de los mercados

Las mismas fuentes (el comunicado oficial) aclararon que el objetivo del encuentro era "definir el Programa Nacional de Reformas" y determinar las actuaciones a seguir para "lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo citó a su equipo económico para cerrar los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas para este ejercicio que está previsto presentar a la Comisión Europea este mes. En la misma reunión se abordaron las medidas que restan por aplicar en el ámbito financiero. Así, se decidió proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del sector público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".

Igualmente, se están estudiando otras iniciativas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.

En la nota, el Ejecutivo explicó que todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de costes y la mejora de la competitividad. Tal y como anunció el presidente Rajoy a la dirección de su partido el pasado 2 de abril, las próximas medidas se adoptarán en el sector energético, el mercado del alquiler, el fomento de la actividad emprendedora, el impulso de la I+D+i y actuarán para garantizar la unidad de mercado. Y todo para convencer a los mercados financieros, los inversores y las autoridades comunitarias de que España reducirá su déficit al 3% del PIB a finales de 2013 y que las comunidades autónomas lo disminuirán este año al 1,5%. El Gabinete quiere disipar cualquier duda sobre la posibilidad de que España acabe en una situación similar a la griega, la portuguesa o la irlandesa.

Una de las medidas que impulsará el Gobierno para reducir los costes sanitarios es la creación de una central de compras con las comunidades para generar economías de escala y "aportar criterios de homogeneidad en el Sistema Nacional de Salud", manifestó la ministra Ana Mato. Entre los planes del Gobierno está también la implantación de una tarjeta sanitaria válida para todo el territorio nacional, así como definir qué servicios son fundamentales y cuáles podrían dejar de prestarse. De igual modo, se pretende remodelar los modelos organizativos, funcionales y retributivos de los profesionales del sector.

Apenas 253.000 contribuyentes declaran más de 96.000 euros

Los datos de declarantes del IRPF (con las limitaciones que esta referencia implica y los ingresos que deja fuera) dicen que el colectivo citado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya sea para pagar determinados servicios sanitarios o para financiar las medicinas, es muy exiguo. Según la memoria de la Administración Tributaria referida a 2009 (la última disponible), solo el 1,2% de los contribuyentes a este impuesto declaró una base imponible superior a 96.000 euros. En total, son menos de 253.000 las personas que se verían afectadas por la llamada progresividad en la contribución a la sanidad. Por supuesto, todo dependerá de la fórmula que se elija (si es que la medida sale adelante) para acreditar a qué grupo se pertenece.

Por tramos de renta, el mayor número de declarantes dentro del rango señalado por el ministro lo conforman quienes ingresan entre 96.000 y 120.000 euros al año: rozan los 100.300. Casi 50.000 son los que están entre 120.000 y 144.000 euros. A partir de esa cuantía, el número decrece de forma exponencial; solo 8.000 personas declaran ingresos de más de 600.000 euros al año. Con estas cifras en la mano, la duda que queda es cuál sería la recaudación efectiva de esta medida o si solo será el principio de una progresividad que terminará llegando antes o después a las rentas medias. Por ejemplo, para que el copago llegue al 10% de los declarantes, habría que bajar el tope a partir del cual es obligatorio contribuir hasta los 39.000 euros de ingresos al año. Para el 20%, el límite serían 28.500 euros. Llegar a la mitad de los declarantes requeriría establecer el copago a partir de una base imponible anual de 15.000 euros, siempre según los datos de la Administración Tributaria. Y el PSOE ya lo ha advertido: la sanidad y la educación son sus "líneas rojas", informa Inés Abril.

Rubalcaba critica las "veleidades y frivolidades" del Gobierno

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de "deplorables" las "veleidades y frivolidades" del Gobierno y del PP ante el debate sobre el futuro de la sanidad, la "joya de la corona de los servicios públicos en España". Rubalcaba dejó claro su rechazo al "copago" por "injusto e ineficaz", si bien se mostró abierto a participar en un debate "en serio" sobre la financiación sanitaria y no en uno "de quinta" como el que se ha abierto estos días.

A Rubalcaba le parecen "deplorable" estas contradicciones del Gobierno, así como que el ministro de Economía se acostumbre a "anunciar cosas fuera de España", como cuando avanzó en un diario alemán que las próximas reformas afectarían a la sanidad y la educación. Avisó de que De Guindos "es ministro del Gobierno" y "si tiene que tranquilizar a los mercados, que haga unos Presupuestos más serios". A su juicio, la sanidad española es comparativamente más "barata" y funciona "muy bien".