Soledad y valor del Gobierno ante la opinión general
No existe una opción que contente a todos. El Gobierno ha tenido un serio problema con la elaboración de los presupuestos del Estado y tiene otro, posiblemente mayor en su ejecución. A tenor de lo que ha presentado el 30 de marzo, ha asumido la herencia recibida y se dispone a reducir su gasto con la mínima presión sobre la mayoría de la población, pero empezando por sí mismo, esto es, congelando los suelos de los funcionarios, manteniendo las prestaciones por desempleo y la actualización de las pensiones. Siguiente tema: el IVA se mantiene para que no se reduzca el consumo y ni se perjudique el empleo. Por el contrario, se anuncian "cambios" (probablemente al alza) en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas, que aportaría 12.314 millones de euros en este año.
Sobre temas concretos, hay decisiones valientes, como el déficit de tarifa. Se plantea que el esfuerzo se reparta "equitativamente" entre los consumidores y los actores implicados en el transporte de la electricidad. Este tema es delicado, porque durante los últimos años la carga no fue precisamente ecuánime, ya que debía, a la vez, atender al coste de los usuarios, impulsar nuevas fuentes de generación, garantizar el suministro sin sol ni viento, evitar incidencias en IPC y contentar a todos, lo que era casi tan difícil como obtener ahora una salida equitativa. Por ejemplo, la reducción de pagos por capacidad, podría ubicarse en cualquier otro apartado. La suspensión de las nuevas plantas de gas con la finalidad de prevenir el descontrol del déficit tarifario del sector es pertinente, pero frustrará algunos proyectos.
La ley de tasas en materia de justicia es también oportuna, pero debe ser cauta. Por una parte parece que se litiga en exceso, se presiona a los juzgados, se apela y se tarda demasiado en obtener algo conclusivo, con lo que se detraen recursos de la producción y tiempo de la vida cotidiana y profesional. La habilidad estaría en que fuera disuasoria sin ser inabordable para los de menores recursos.
La solidaridad con el resto del mundo pasa por un programa de alimentos de 65 millones de euros para repartir entre las ONG y Bancos de Alimentos. Estas ayudas suelen ir directamente a las personas más necesitadas y pueden beneficiar a los productores nacionales. La cooperación internacional en otros ámbitos debe ser profesional y eficiente, deslindando las ayudas humanitarias de la contribución al desarrollo, que suele provenir de cambios internos en las instituciones de los países. En este ámbito lo mejor importa mucho más que lo mayor y la buena selección de actuaciones debe priorizarse.
Solía decirse, en la época de la peseta, que "la mejor ganada es la no gastada". La reducción del gasto de los ministerios se estima en casi el 17%, lo que pone un ahorro de casi 60.000 millones sobre la mesa. Esa actitud, ligada a la reducción de la tasa de reposición, puede cubrirse con mejoras en la gestión y con eliminación de las rutinas en la contratación para sustituirlas por el análisis sistemático de puestos, la mejora de pautas y la simplificación de procedimientos. También se recortan partidas asignadas a políticas que han mostrado ser ineficientes.
El retorno del dinero no declarado y colocado en el extranjero puede ser recuperado "sin sanciones", pero pagando un 10%. Esta decisión fue tomada en el pasado y, recientemente en otros países. Ahora puede ser más interesante, porque el control de lo que se haga en el exterior se ha hecho más difícil desde el comienzo de la crisis, mientras que el conocimiento del país se mantiene incluso a través de los avatares. Parecida es la posibilidad de que la repatriación de beneficios empresariales pueda acogerse a un gravamen del 8%. Por otra parte, internamente, también hay un plan contra el fraude.
Dadas las circunstancias del país, las internas, las asociadas a la deuda exterior, las impuestas por la pertenencia a la UE, la atonía de la economía mundial, la herencia recibida y la incertidumbre sobre el futuro inmediato la presentación que se ha hecho es atinada, por más que, como suele suceder, haya sectores que lamenten algunas medidas.
Por otra parte, hay medidas complementarias que coadyuvarían a recuperación reduciendo las cargas que soporta el Estado, por ejemplo, la cesión de residencias de titularidad pública, que atienden a personas mayores, pueden garantizar la calidad de la asistencia a los residentes a un coste inferior al que pagan en la actualidad. La posibilidad de que los contribuyentes -empresas o autónomos- que trabajan para las Administraciones Públicas puedan hacer una compensación de sus deudas con los facturas impagadas y, también, poder triangular esa posición con un tercero, sería útil para empresas pequeñas y autónomos, especialmente si se facilita a través de los registros, que tiene personas capaces con tiempo libre.
Joaquín Trigo. Director general del Instituto de Estudios Económicos