Los Colegios de Abogados crean oficinas de mediación hipotecaria
El servicio es gratuito y su coste resulta más barato que la ejecución
Desde que comenzara la crisis en el año 2007 y hasta el último trimestre de 2011, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas por el Tribunal Superior de Justicia ha ascendido a 328.687. Para no repetir estos números y evitar los desahucios, algunos colegios de abogados han puesto en marcha junto con los ayuntamientos oficinas para el asesoramiento e intermediación hipotecaria.
Tarrasa ha sido el primero. Lluisa Melgares, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Tarrasa, explicó el viernes en la jornada Alternativas al desahucio, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que "ante los más de 5.000 pisos vacíos que había en la ciudad en 2011 y la abundancia de jóvenes con escasa cualificación en paro, nos planteamos actuar decididamente".
Tras abordar el problema con los bancos y ante la falta de una respuesta positiva, decidieron recurrir al Colegio de Abogados de Tarrasa, que lo puso en marcha el pasado mes de enero. Su decano, Miquel Samper, señaló que esta implicación era necesaria. "El coste directo del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria es 3.150 euros y el de un expediente de intermediación con resultado positivo asciende solo a 166 euros. Es evidente que el problema del lanzamiento hipotecario cuesta muy caro a la sociedad, sin entrar en los costes de todo tipo que supone para las familias", explicó.
Ante esta situación, otros colegios de abogados han decidido copiar la iniciativa. Cádiz y Jerez de la Frontera ya han firmado un acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, mientras que en Granada, Almería y Gerona están a punto de llevarlo a cabo.
El servicio se ofrece de forma totalmente gratuita para las personas afectadas y en las nuevas oficinas no solamente consiguen información desde la perspectiva legal, sino que también se ocupan de mediar con la otra parte interesada.
En los dos meses que lleva funcionando la oficina de Tarrasa se ha atendido a un total de 348 ciudadanos, de los cuales un 50,8% tenía recibos impagados y un 45,6% se había acercado para prevenir dichos impagos y asesorarse sobre las consecuencias de los impagos.
Cambios en el sistema para evitar desahucios
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, calificó ayer de "gravedad tremenda" que los bancos puedan, en tercera subasta, quedarse con una vivienda o local por un precio por debajo del 60% de su valor. Desde su punto de vista, resulta de una "importancia crucial reformar el sistema de subastas de pisos embargados y regular el procedimiento de declaración de insolvencia de particulares".Para José María Fernández, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, "el actual sistema es extremadamente duro", porque permite ejecutar a la entidad financiera de la deuda de una forma casi inmediata y, además, es contraria a la norma europea de protección de los consumidores con cláusulas abusivas. "La Comisión ya ha dicho que el sistema tiene grandes fisuras", advirtió.