La labor aséptica del funcionario

Rigor presupuestario, máxima transparencia en los procesos de contratación y total pulcritud en la relación con las empresas: estos son los tres pilares que sostienen el código ético de actuación que la ministra de Fomento quiere arbitrar en la gestión de las relaciones con los proveedores de obras públicas. Para ello, entre otras cuestiones, los funcionarios deben someterse a unos estrictos criterios de comportamiento que les impide reunirse con los constructores o responsables de las ingenierías de forma individualizada, así como hacerlo fuera de los despachos oficiales. Exige también evitar los almuerzos de trabajo con ellos. Este tipo de comportamientos, por otra parte bastante habituales en las democracias más avanzadas, deberían ser transparentes para toda la sociedad en virtud de la nueva ley que prepara el Gobierno y que debería arrojar luz sobre todas las condiciones de cada contrato intentado o realizado. Este código ético, que debería extenderse a todas las relaciones de la Administración con terceros en las que mediase partida presupuestaria, debe servir para proporcionar la transparencia debida y evitar un sobrecoste para los contribuyentes, así como tentaciones espurias tanto por parte de los funcionarios como de los particulares, personas físicas o jurídicas.