La reforma eléctrica se abrirá con un recorte a la distribución
El Gobierno aprobará un real decreto ley con una rebaja de los ingresos de la distribución y una subida de las tarifas.
Esta vez no se trata de una leyenda urbana. El Gobierno está preparando un paquete de medidas para "reformar" el sistema eléctrico sin contar con la opinión de las empresas del sector: ni de las grandes compañías eléctricas integradas en Unesa (Endesa Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) ni de las más pequeñas del subsector de las renovables. Esta unilateralidad ha creado un profundo malestar entre los directivos de las compañías, que no entienden cómo "la reforma energética más importante de los últimos años cuyo objetivo es poner coto al déficit de tarifa se va a abordar sin negociación ni pacto alguno con nadie".
El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó recientemente que la reforma eléctrica se articularía a través de dos paquetes de medidas, uno a finales de este mes y el otro a finales de abril o principios de mayo. Efectivamente, según fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Industria (en conexión con la Oficina Económica de Moncloa que dirige Álvaro Nadal) está trabajando en secreto en un primer real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros de la próxima semana, que incluirá dos iniciativas. Por un lado, un importante recorte de la retribución de la distribución (el negocio regulado de las compañías eléctricas) y una subida de los peajes eléctricos a partir del 1 de abril, que se establecerían por primera vez en la historia, a través de una norma con rango de ley.
Entre las compañías eléctricas se había extendido el temor de que el Gobierno pudiese meter la tijera a los ingresos de las redes de distribución, que, tras varios años de negociación, estrenaron el año pasado un nuevo sistema de remuneración "más objetivo y razonable". La partida para la distribución en los peajes de acceso para este año asciende a 5.700 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 40% de los mismos. Cualquier tipo de recorte de dicha partida, subrayan en el sector, "afectará directamente a la calidad del suministro".
La distribución eléctrica es un monopolio natural y, por tanto, regulado que no solo está en manos de las cinco grandes eléctricas, sino también de otras 300 pequeñas compañías distribuidoras, que trabajan, especialmente, en zonas rurales.
Favoritismo de REE
Pero lo que más ha sorprendido del nuevo real decreto-ley, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, es que el recorte no afecte también a la retribución de las redes de transporte (la distribución en alta tensión) que explota el operador del sistema, Red Eléctrica. El Estado, a través de la SEPI, tiene un 20% de esta compañía, que disfruta de una especie de acción de oro, pues ningún inversor, excepto el sector público, puede tener más de un 5% del capital.
Precisamente, una de las propuestas del informe para resolver el déficit de tarifa elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a petición del Ministerio de Industria, hace referencia a "medidas a corto plazo sobre los costes de las actividades reguladas y "sobre el aplazamiento de inversiones previstas en la actual planificación". El objeto de esta propuesta es "moderar cuanto antes la senda creciente de los costes de acceso y promover una regulación eficiente de las actividades reguladas", señala la CNE.
Sin embargo, el informe hacía referencia tanto a una revisión de la retribución de la distribución, como del transporte, que se debería calcular, en su opinión, utilizando "el criterio de la amortización de sus activos por su valor neto y no bruto". El regulador también aludía a la retribución de las infraestructuras del gestor de la red de gasoductos, Enagás.
La sola lectura de un informe no vinculante, que fue publicado el 9 de marzo, hizo desplomarse la cotización de ambas compañías, especialmente, la de REE, que cayó un 5%. Las protestas de su nuevo presidente, José Folgado, que se incorporaba ese mismo día al puesto, provocaron las iras del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, contra la CNE. En un comunicado, Marti señaló que la publicación del informe (una obligación legal para el regulador) había "lesionado los intereses" de las empresas, en referencia implícita a REE. Por la misma regla de tres, aseguran en las eléctricas, el recorte que pergeña el Gobierno "lesionará los intereses de las distribuidoras y, de paso, el de los consumidores, pues afectará al suministro".
Tarifas por ley
Además de estos cambios, el real decreto-ley del viernes, día 30, incluirá la subida de las tarifas del segundo trimestre que Industria debía haber aprobado en una orden ministerial, previo dictamen de la CNE.
Al recurrir a una ley, Soria evita ese dictamen, para cuya solicitud, por otra parte, había agotado el plazo legal de la revisión de los peajes eléctricos. Además, la revisión de próximo trimestre es muy especial: además de coincidir y formar parte del paquete de reformas del sistema eléctrico, tiene que incluir la refacturación de los consumos del último trimestre de 2011 y del primero de este año impuesta en sendos acuerdos de cautelares del Tribunal Supremo.
Según las compañías eléctricas, una interpretación estricta de las cautelares implicarían una subida de los peajes del 35% (la mitad de la factura), la más amplia se traduciría en una subida del 3%. En la revisión en estudio, el ministerio contaría con una ventaja, la bajada del coste de la energía en un 7% (según el resultado de la subasta Cesur celebrada esta semana), con la que podría compensar la fuerte subida de los peajes que imponen no solo el Supremo, sino las circunstancias.
El déficit de tarifa previsto para este año ronda los 5.000 millones de euros, cuando la ley solo reconoce ex ante 1.500 millones de euros (el que se puede titulizar con el aval del Estado). La diferencia, y esta es la clave de las cautelares del Supremo, se debe refacturar en el próximo recibo de la luz.