A fondo

Cristina Kirchner no es Evo Morales

La delegación del Gobierno español encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que viajó hace ahora un par de semanas a Buenos Aires para interceder ante el Gobierno argentino por YPF, filial de Repsol cuya nacionalización o intervención planeaba peligrosamente, logró momentáneamente conjurar la amenaza. Hay quien asegura que la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, guardaba bajo llave el temido párrafo de su discurso de inauguración del curso parlamentario en el que anunciaría la mala nueva para Repsol, que, hasta el último minuto, no las tuvo todas consigo.

La delegación española defendió los intereses de la compañía que preside Antonio Brufau con el argumento de que Argentina no es Bolivia (donde se nacionalizaron hace varios años los hidrocarburos) ni su presidenta es Evo Morales. Argentina es un país del G-20 y una estatización de YPF podría tener consecuencias graves para el país, que en los últimos meses está sufriendo una fuga de capitales por el temor al fantasma de un nuevo corralito como el que sufrió el país en 2001 y a una devaluación de la moneda. Además, este tipo de maniobras infunden un claro temor entre los inversores.

No en vano, en el colosal proyecto de exploración de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, que no parece despertar mucho entusiasmo en el Gobierno argentino acuciado por el corto plazo, Repsol podría encontrar problemas para reclutar socios internacionales.

Pero ¿a qué responde el acoso repentino a Repsol de un Gobierno que le había brindado públicamente su amistad hasta el pasado verano? Aunque no hay ninguna explicación oficial, salvo la acusación de que Repsol no ha cumplido con sus compromisos de inversión, el conflicto tiene un trasfondo macroeconómico.

Argentina sufre un déficit de su balanza energética que se hace más palpable en el pleno invierno austral. Con importante recursos naturales, pero con campos en declino, el país había logrado autoabastecerse hasta ahora. Mientras en 2003 exportaba productos petrolíferos por 5.400 millones de dólares, con un superávit de 4.864 millones, en 2011 la situación se invirtió: por primera vez, la balanza energética se hizo deficitaria, al importar más de lo que exportó: 9.100 millones de dólares, frente a 5.600 millones.

El panorama del gas natural es aún peor, pues con cuencas muy maduras, la producción comercial ha caído a tasas anuales de entre el 5 y el 7%. Hasta 2006, el gas que Argentina adquiría directamente de Bolivia dejó de ser suficiente y ya en 2007 inició un programa para importar gas natural licuado (GNL) a través de barcos. La progresión es ilustrativa: de los seis barcos que se compraron en 2008, se pasó a 56 en 2010 y a 80 en 2012.

En un país con la energía altamente subvencionada (YPF está obligada a vender los carburantes por debajo de la media) y que ha de pagar esas importaciones en dólares (que obtiene esencialmente de sus exportaciones agrícolas) se ha desatado el pánico por la necesidad de esta moneda. Ello se ha traducido en una fuerte presión sobre las compañías extranjeras para evitar la repatriación de dividendos.

En el caso de YPF, el acuerdo firmado con el propio Gobierno argentino establece el pago semestral de un 90% de los beneficios. De esta manera se financia el crédito de la participación del grupo argentino Petersen, de Enrique Eskenazi, que compró en su día un 25% del capital de la petrolera argentina financiado por la propia Repsol. En el consejo de noviembre, el representante del Estado argentino en YPF votó en contra del reparto del 45% correspondiente al semestre y fue el punto de inflexión en las relaciones.

El peso relativo de YPF ha caído en los últimos años tras la expansión de Repsol en otras áreas, como Brasil. El año pasado, el resultado de explotación de la argentina fue de 1.231 euros, frente los 4.800 millones del grupo Repsol. Este insiste en que ha cumplido con sus inversiones y que en 10 años han sido un 50% superior a sus resultados (3.200 millones en 2011).

El conflicto se ha trasladado ahora a las provincias (la de Chubut y Santa Cruz), que han rescindido la licencia de exploración en varios pozos de su territorio en un alarde populista. La medida tendrá escaso impacto económico, pues solo representa el 4% de la producción, pero es un serio precedente y obliga a acudir a los tribunales.

Mientras, los dos grupos técnicos formados por ambos gobiernos tras la viaje de Soria a Buenos Aires siguen trabajando para buscar una solución. Eso sí, el Ejecutivo argentino no reconoce oficialmente dichas negociaciones.