Todas las grandes entidades firmarán

BBVA se adscribe al código antidesahucios

La entidad que preside Francisco González anuncia que cumplirá con el protocolo antidesahucios de familias pobres que promueve el Gobierno. Con su adscripción, BBVA completa la lista de grandes entidades, que a lo largo de estos días han confirmado una tras otra que firmarán el decálogo.

Francisco González, en la presentación de resultados del ejercicio de 2011.
Francisco González, en la presentación de resultados del ejercicio de 2011.

Una semana después de su aprobación en el Consejo de Ministros, las principales entidades financieras de España han anunciado que cumplirán el código de buenas prácticas en caso de embargos hipotecarios a familias pobres. El presidente de BBVA, Francisco González, ha completado la lista esta misma mañana, cuando ha anunciado su adhesión.

La entidad, que ha pasado los últimos días "estudiando la viabilidad técnica" de aplicar la medida, ha terminado dando luz verde al decálogo, como ya avanzara que era su intención en la reunión del Institute for International Finance (IIF) en México hace algunas semanas.

Ayer mismo, la confederación de cajas de ahorros, la CECA, anunció oficialmente que sus entidades asociadas se adherirían en bloque al código. Estas incluyen a CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Caja España-Duero, Cataluña Caixa, Novagalicia Banco, Banca Cívica, Caja 3, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, que según la propia confederación conceden el 55% de los préstamos hipotecarios del mercado español.

Del lado de los bancos, Santander, Bankinter, Sabadell y Popular -así como Pastor y Targobank, la filial que tienen junto a Crédit Mutuel- han ido anunciando que cumplirán con un código que, una vez firmado, obliga formalmente a aplicar su contenido durante al menos dos años. En todo caso, la primera lista oficial de adhesiones será publicada en abril y una comisión de control vigilará su cumplimiento.

Aquellas entidades firmantes deberán aplicar obligatoriamente el código en los embargos hipotecarios que afecten a familias con todos sus miembros en paro, en las que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no dé para cubrir las cuotas de la hipoteca y cuya única residencia no exceda los 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en los pueblos.

El código indica, en estos casos, que las entidades deben aplicar, en un mes, un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años, en el que no se paga capital, un alargamiento de la hipoteca a 40 años y una rebaja del tipo de interés a euríbor más 0,25. Si este plan, o una quita añadida, no bastan, el banco o caja tendrá que aceptar la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria) transcurridos 12 meses y permitir a la familia residir en la vivienda dos años más.