Las cajas en bloque y gran parte de bancos firmarán el código antidesahucios
La decisión de algunas entidades financieras de romper el miércoles con el silencio que imperaba en el sector al anunciar su adhesión al código antidesahucios provocó ayer la salida en cascada del resto. La confederación de cajas de ahorros, la CECA, quiso dejar claro que sus miembros -responsables del 55% de los créditos hipotecarios- firmarán el decálogo. CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Caja España-Duero, Cataluña Caixa, Novagalicia Banco, Banca Cívica, Caja 3, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença se sumarán a la iniciativa voluntaria que promueve Economía, informó ayer la confederación.
Del lado de los bancos, Santander, Bankinter, Sabadell y Popular -así como Pastor y Targobank, la filial que tienen junto a Crédit Mutuel- han ido anunciando que cumplirán con el código que obliga formalmente a aplicar su contenido durante al menos dos años. Entre las grandes firmas que faltan por pronunciarse destaca BBVA, que asevera estar "estudiando la viabilidad técnica" de aplicar la medida. En todo caso, la primera lista oficial de adhesiones será publicada en abril y una comisión de control vigilará su cumplimiento.
Aquellas entidades firmantes deberán aplicar obligatoriamente el código en los embargos hipotecarios que afecten a familias con todos sus miembros en paro, en las que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no dé para cubrir las cuotas de la hipoteca y cuya única residencia no exceda los 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en los pueblos. El código indica, en estos casos, que las entidades deben aplicar, en un mes, un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años, en el que no se paga capital, un alargamiento de la hipoteca a 40 años y una rebaja del tipo de interés a euríbor más 0,25. Si este plan, o una quita añadida, no bastan, el banco o caja tendrá que aceptar la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria) transcurridos 12 meses y permitir a la familia residir en la vivienda dos años más.
El PSOE cree que afecta solo al 10% de embargos
"El real decreto tiene tantas restricciones que tenemos muchas dudas de que pueda afectar a algo más del 10% o el 15% del conjunto de la población en trámite de desahucio de su vivienda habitual", ha declarado el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso -y exministro de Trabajo- Valeriano Gómez. La oposición considera del todo insuficiente el código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno y aboga por establecer una moratoria de dos años en las cuotas hipotecarias de todos los parados sin rentas. El PSOE también cree conveniente obligar a las entidades a ofrecer hipotecas con cláusula de dación en pago y en que la banca no pueda quedarse una vivienda por menos del 80% de su valor, si bien el Gobierno socialista tan solo elevó dicha cifra del 50% al 60% cuando modificó la norma el pasado año.
