TRIBUNA

Oxígeno para nuestros proveedorees

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan las Administraciones públicas son las deudas impagadas. Deudas que han crecido sin parar, ahogando financieramente a muchos de nuestros ayuntamientos.

Seguir prestando unos servicios y unos recursos que no sabes cuándo vas a poder cobrar constituye el drama al que, por desgracia, se enfrentan todos los días nuestros proveedores, que se ven obligados a seguir prestando servicios no retribuidos ante el temor de que, de no seguir prestándolos, no puedan cobrar jamás las deudas pendientes.

Conscientes del problema, decidimos atajarlo. Primero, en la primera reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el pasado 25 de enero, donde se planteó la necesidad de contar con un mecanismo de financiación que garantizase el pago a los proveedores en el plazo más breve posible.

Menos de un mes después, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Gracias a este real decreto-ley se establecerá el procedimiento para poder acceder al mecanismo de financiación para el pago de deudas pendientes, permitiendo que los proveedores puedan comenzar a cobrar a partir del 1 de mayo de 2012, lográndose así un importante balón de oxígeno financiero.

Este sistema no es, en absoluto, un parche o una medida transitoria destinada a ganar tiempo, sino un vehículo para permitir una reestructuración de las deudas y establecer una ordenada y escrupulosa agenda de pagos.

Junto a ello, y porque no solo nada es gratis, sino que debemos articular un sistema que evite futuros impagos, los ayuntamientos se verán obligados a establecer un calendario de pagos y un plan de ajuste presupuestario. Ajuste que operará en el orden de ingresos y también en el de gastos, en el que se incluirá un proceso de racionalización y reordenación de su sector público.

Este compromiso se formalizó la pasada semana en la Comisión Nacional de Administración Local, donde se ratificó el compromiso de las entidades locales con el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera. Así, nuestros ayuntamientos se comprometieron a cumplir con el objetivo de déficit para este año, compromiso irrenunciable de este Gobierno, y situarlo a finales de diciembre en el -0,3%, después de unas centésimas de déficit excesivo provisional en 2011.

El Gobierno, por su parte, mediante un crédito sindicado bancario de 35.000 millones de euros avalado por el Tesoro público, dará ese balón de oxígeno que reclaman nuestros ayuntamientos y necesitan nuestros proveedores.

Nuestros ayuntamientos reclaman soluciones y los ciudadanos reclaman responsabilidades. Tenemos que diseñar un nuevo marco de financiación local para garantizar la sostenibilidad de los recursos y que la prestación de unos servicios públicos de calidad, como son los que se prestan en nuestros ayuntamientos, no se vean afectados.

Los proveedores son una pieza fundamental para garantizar una salida sostenible a la crisis. Ellos crean empleo y aseguran la calidad de nuestros servicios. Por ello, es necesario y urgente acabar con esta situación, que merma sin solución su capacidad de respuesta día a día y pone en peligro nuestro Estado del bienestar.

Las deudas hay que asumirlas y pagarlas. Nada es gratis y mucho menos en los servicios públicos. Si queremos seguir el axioma lampedusiano y hacer que todo cambie para que nuestros servicios públicos sean de calidad, hemos de dotarnos de un nuevo mecanismo, sólido y estable, de financiación, adecuado a las competencias que gestionan las corporaciones locales. Solo así conseguiremos que la necesaria austeridad no merme la calidad.

Antonio Beteta. Secretario de estado de administraciones públicas