La sanción a Hungría divide a la Unión Europea
La sanción a Hungría hizo ayer saltar por los aires la unidad entre los ministros de Economía de la Unión Europea. Pese a ello, y tal y como estaba previsto, los Veintisiete aprobaron por mayoría imponer un castigo de 495 millones de euros al país centroeuropeo por su déficit excesivo. La decisión se demoró durante horas, ya que seis miembros de la UE, entre ellos Reino Unido, se opusieron. La representante austriaca, Maria Fekter, elevó sus críticas y aseguró ante los periodistas que Europa utiliza "una doble vara de medir", ya que mientras penaliza a Budapest, con un déficit estimado en 2011 de un 6% frente al 3% prometido, no impone sanciones a España, con un 8,51% pese al 6% al que se había comprometido.
"No estamos aplicando un doble rasero", replicó desde Estrasburgo el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. La "diferencia" reside en que Hungría no ha tomado medidas, mientras que España ha reducido el gasto público y ha reiterado su compromiso de alcanzar el 3% de déficit en 2013. Barroso hizo estas declaraciones después de que el semanario alemán Der Spiegel informara de que hasta Berlín está incumpliendo sus promesas. Hasta el momento, la canciller Angela Merkel, adalid de la austeridad, solo ha puesto en marcha el 41% de los recortes prometidos.
Hungría ha registrado números rojos por encima del 3% del PIB desde que entró en 2004 en la Unión Europea. Fuera de la zona euro, el país, que representa el 1% del PIB comunitario, cerró 2011 con unos balances muy discutidos. El Gobierno del conservador Viktor Orbán tasó el déficit en un 3,6%, cálculos que no convencieron a Bruselas, que lo elevó al menos a un 6% y que decidió sancionar por primera vez a uno de sus Estados por desequilibrio excesivo en sus cuentas públicas. Los seis que se oponían, Austria, Polonia, Reino Unido, República Checa, Letonia y Bulgaria, negociaron para que la sanción se anule si antes del 22 de junio Budapest toma medidas para corregir dicho desvío. En caso contrario, perderá 495 millones de los fondos de cohesión que le corresponden a partir del 1 de enero de 2013, lo que representa casi el 0,5% de su PIB -la única manera de sancionar a un país de fuera de la zona euro es suspender las ayudas-. "Tienen tiempo para evitar el castigo. Esto debe verse como un incentivo para que cumpla sus objetivos", aseguró el responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
Aviso a Rajoy
¿Es la multa a Hungría un aviso al resto de los Estados, hasta 23, que superan el déficit exigido? Esa era la pregunta que se hacían ayer los dirigentes europeos. Sin detallar las consecuencias, Barroso declaró que "sería muy grave" que España incumpliese el 3% prometido para 2013. Lo hizo solo unas horas después de que la UE exigiera al Gobierno de Mariano Rajoy un recorte de 5.000 millones más de lo previsto este año para dejar el déficit en un 5,3% en vez del 5,8% propuesto por el presidente español para no agravar aún más la recesión que viene.
Olli Rehn fue más contundente y explicó que en caso de que España incumpla el "objetivo realista y convincente", propondrá sanciones. "Si llegáramos a la conclusión de que el país no ha seguido las recomendaciones, la Comisión no dudará a la hora de proponer una nueva recomendación", explicó el vicepresidente económico al término de la reunión de ministros de Finanzas de la Unión (Ecofin). La frase, típica de la jerga diplomática, se interpretó en Bruselas como un aviso al Ejecutivo de Rajoy de que, en caso de que rompa sus promesas, el país puede ser sancionado con una multa de hasta el 0,2% de su PIB, unos 2.000 millones.
Rehn cree que España, que representa casi un 10% del PIB de los Veintisiete, debe jugar un "papel esencial" en los intentos de la Unión para "reforzar la confianza de los mercados en la zona euro". De ahí las presiones y los avisos.
En busca de alternativas a la tasa Tobin
Los ministros de Economía de los Veintisiete constataron ayer la falta de consenso para crear una tasa a las transacciones financieras internacionales, conocida como la tasa Tobin, que se aplique solo en la UE y apostaron por debatir posibles "alternativas" que provoquen que la banca asuma parte de los costes de la crisis financiera y reduzca su exposición a operaciones especulativas.La Comisión, a petición de Francia y Alemania, ha propuesto una tasa que gravaría con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. El nuevo impuesto generaría unos ingresos de 55.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas. Durante el debate celebrado ayer en el Ecofin, cinco Estados miembros (Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Malta) rechazaron expresamente el plan de Bruselas alegando que provocará deslocalizaciones en el sector financiero, perjudicará al crecimiento y al empleo y aumentará los costes de financiación para familias, empresas y Estados. La tasa solo puede aprobarse por unanimidad.La novedad de la discusión es que, por primera vez, los países partidarios de crear dicho gravamen a las transacciones financieras aceptaron estudiar alternativas para desbloquear el debate. "Si durante la presidencia danesa (que finaliza el próximo 30 de junio) vemos que no hay solución a nivel de la UE, creo que estamos obligados a concentrarnos en alternativas", recalcó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, uno de los máximos defensores de gravar las transacciones financieras.
