TRIBUNA

Control del gasto público: del derecho al deber

Nunca es tarde si la dicha es buena. La recién anunciada Ley de Transparencia y de Buen Gobierno, que llegará a las Cortes antes del verano, reconoce, por fin, el derecho de los ciudadanos a saber y conocer lo que sucede en la Administración y, por supuesto, la obligación a su vez de la Administración de contárselo.

El nuevo Gobierno anuncia que será muy estricto en el control de la gestión de los recursos públicos. Una de las grandes novedades de la normativa prometida es que, a través de un portal digital, los ciudadanos podrán saber, por ejemplo, a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar un evento internacional o cuánto cobran los altos cargos.

La transparencia, que siempre ha sido un derecho de los ciudadanos, ahora, además, se convertirá en deber por ley. Algo que no es nuevo para quienes hemos cumplido ya 12 años promoviendo -y aplicando- la transparencia en todos los procesos de compras a cargo de empresas e instituciones. Nuestra tecnología ha dado resultados en forma de ahorro y eficiencia en todo este periodo, tanto en el sector público como en el privado.

Damos la bienvenida a esta reforma imprescindible y urgente, tan necesaria para que cambien mentalidades y procedimientos que se han quedado arcaicos. Nuestra experiencia en sociedades de economías industrializadas y emergentes nos lleva a pronosticar que, si se generalizasen en España los procedimientos electrónicos en las operaciones de compras por parte de las entidades públicas, se incrementaría de manera espectacular la transparencia a la hora de adjudicar y contratar un bien o servicio. Se respetarían las leyes de mercado y, por utilizar un símil deportivo, habría más fair play a lo largo de todo el proceso.

Disponemos, además, de datos que reflejan otra ventaja esencial de generalizar las negociaciones por vía electrónica: el ahorro económico. Nuestros análisis concluyeron que la Administración española podría ahorrar miles de millones de euros si utilizara estos procedimientos y abandonara definitivamente los sistemas tradicionales. Por eso no nos cabe la menor duda de que la gestión electrónica de compras puede convertirse en la gran palanca para sanear progresivamente las cuentas públicas de nuestro país.

Hablamos con conocimiento de causa. En Reino Unido, el Gobierno lleva ya seis años empleando nuestros sistemas para realizar todas sus operaciones de licitación y negociación electrónica con proveedores en un centenar de organismos estatales, incluidos ministerios, agencias y la totalidad de la sanidad pública. Estos procedimientos han ahorrado unos 2.000 millones de libras a las arcas públicas en los dos últimos ejercicios.

También en México todas las compras de la Administración pública se gestionan con nuestra plataforma, que viene evitando el gasto de una media de 10.000 millones de pesos -600 millones de euros- al año. Además, el sistema electrónico centralizado tiene las ventajas añadidas de disminuir la burocracia, eliminar litigios y hacer más transparentes las compras de las entidades estatales.

En España, sin embargo, apenas hemos evolucionado en el campo de la contratación y las compras a través de las plataformas electrónicas -muchas veces por puro temor a lo desconocido- y su implantación es casi testimonial. Pero estas leyes que se están preparando, tarde o temprano, irán imponiendo un marco excluyente de la opacidad y del descontrol de las cuentas públicas.

Siempre estamos hablando de la necesidad de austeridad, pero ¿por dónde empezamos? Todos los niveles de Gobierno tienen una gran oportunidad de acelerar la transición hacia un nuevo modo de hacer las cosas en el sector público. España es un país suficientemente preparado para abordar estos cambios porque cuenta con la tecnología necesaria. Las nuevas leyes que apoyan la transparencia y la auditoría de las cuentas públicas obligan a ello. ¿Quién da el siguiente paso?

Pablo Parellada. Director general de BravoSolution España