El presidente del regulador las califica de insuficientes e irreales

La CNE propone medidas tibias que solo rebajan 1.600 millones el déficit

La CNE ha planteado a Industria una retahíla de medidas para frenar el déficit de tarifa, pero no incluye ninguna reforma polémica o de calado. El presidente de la Comisión, Alberto Lafuente, que se abstuvo en la votación, las ha calificado de insuficientes y "no ajustadas a la realidad".

En medio de fuertes tensiones, el consejo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó el miércoles las propuestas de ajuste para atajar el déficit de la tarifa eléctrica que le había pedido Industria a comienzos de febrero. El dictamen, publicado el viernes en la web del regulador, salió adelante con el voto favorables de los seis consejeros y la abstención de su presidente, Alberto Lafuente, lo que supone un hecho insólito en la historia del regulador.

A través de un voto particular que acompaña al informe, Lafuente califica de "insuficientes" y de no "ajustadas a la realidad" unas propuestas que apenas supondrán un recorte del déficit de tarifa de 1.600 millones en 2012 (sin contar ciertos trasvases de los peajes de acceso al precio de la energía) sobre los 4.800 millones que se prevén para este año, si no se aplica ninguna medida regulatoria.

El informe es un menudeo de reformas, muchas de ellas ya recomendadas por la CNE en informes anteriores, pero ninguna de gran calado (ni la quita del déficit ni las tasas a la nuclear y el agua sugeridas en alguna ocasión por el regulador figuran entre ellas). Uno de los puntos más débiles del dictamen es que, en plena recesión, fía buena parte del ajuste al trasvase de costes de los peajes (como las compensaciones de los sistemas extrapeninsulares) a los presupuestos públicos. Algo que ya impone una norma incumplida sistemáticamente por el Gobierno para evitar agravar el déficit público.

El desfase de la tarifa suma ya, según la CNE, 23.312 millones (contando los 1.500 millones que permite la ley este año) y para frenarlo propone, entre otras, las siguientes medidas regulatorias de impacto a corto plazo:

Revisar la retribución y la amortización de los activos de distribución y transporte aplicando el valor neto, en lugar del bruto, y revisar los costes de mantenimiento y operación de las redes.

Cargar en el precio de la energía de la factura de la luz algunos costes de los peajes de acceso, como la retribución del operador del sistema o el seguro por interrumpibilidad del que disfruta la gran industria. Esto reduce el déficit pero aumenta el coste de la energía de los consumidores.

Que las primas de las renovables se financien con los ingresos de las subastas de CO2; con una tasa sobre los carburantes o, en su defecto, vía Presupuestos del Estado.

Aplazar las inversiones del transporte previstas en la planificación (el informe considera que, dada la sobrecapacidad del sistema, no hay problemas de suministro).

Laminar en el tiempo las primas que recibirá la energía termosolar inscritas en el registro de preasignación, pero sin acta de puesta en servicio. l Limitar al 5% el uso de los combustibles fósiles de apoyo de la energía primaria para el régimen especial.

Que las eléctricas paguen "parte" de los costes de titulización del déficit, que ahora sufragan los consumidores.

Eliminar los pagos por disponibilidad e inversión mientras haya exceso de capacidad y que el precio regulado con el que se apoya al carbón nacional no lo paguen los peajes.

Subir las tarifas será inevitable. El informe se limita a mostrar distintos escenarios de subidas necesarias, según las medidas propuestas que se apliquen. En el peor de los casos (sin medidas), el alza sería del 35% este año y, en el mejor, el 2,4% hasta 2015 (aplicando las medidas y manteniendo 2.600 millones de déficit).

Los precios eléctricos en España, los más altos de Europa

Tanto el informe de la CNE como el voto particular emitido por su presidente coinciden en que los precios de la electricidad en España se sitúan entre los más altos de Europa. En parte, porque los peajes de acceso arrastran la lacra del déficit tarifario desde hace más de una década.

Según los datos de Eurostat que figuran en uno de los anexos, los precios finales antes de impuestos que paga el consumidor se sitúan "en niveles solo inferiores a los de Malta y Chipre", según Alberto Lafuente. Si se tiene en cuenta el déficit, "que no es sino un sobreprecio diferido en el tiempo", los consumidores domésticos españoles son los que están en mayor desventaja.

Una de las consecuencias más graves de esta situación, es el deterioro de los indicadores de competitividad, medidos en términos de precios de la luz antes de impuestos. Por tanto, la electricidad será un lastre para las empresa española si el problema del déficit se resuelve solo subiendo las tarifas. Si se elimina la interrumpibilidad (una especie de seguro que ofrece las empresas industriales al sistema a cambio de menores peajes eléctricos), estas empresas pagarán un 8,9% más al año.

En cualquier caso, Lafuente pide que el esfuerzo de los diferentes agentes y consumidores "sea equitativo (...) aunque no necesariamente igual" y considera que del informe se deriva que el mayor sacrificio será para el consumidor.

Adiós tarifa

La CNE propone, al igual que las eléctricas, que la tarifa desaparezca y se mantenga solo una para consumidores vulnerables. Y ahora que el regulador va a desaparecer, sus consejeros piden que se refuerce su labor de supervisión, necesaria para esta liberalización.

Malestar de Industria y caída en Bolsa de Enagás y REE

La Secretaría de Estado de Energía envió el viernes una nota en el que expresaba su malestar por el informe de la CNE, cuando se le había advertido "que omitiera su publicación de manera inmediata hasta que fuera debidamente evaluado". El ministerio, que no parece tener en cuenta que la ley obliga a la CNE a ser trasparente, justificaba esta petición por "la trascendencia de su contenido y por las implicaciones sobre terceros". Tras esta reacción están las protestas de REE y Enagás, que cayeron en Bolsa un 4,93% y un 3,02%, respectivamente.

Tras lamentar el daño causado "a las empresas" por la publicación de un informe "no vinculante" y, pese al escaso tiempo para su análisis, avanzó que contiene propuestas que no comparte y no va a adoptar.

Una subida de los peajes del 31% este año

El voto particular con el que justifica su abstención en la votación del informe sobre el sector eléctrico, Alberto Lafuente no cuestiona todas las medidas regulatorias incluidas en él, sino que cree que, "por sí mismas, no bastarán para resolver el déficit". Para el presidente de la CNE, muchas de las soluciones se apoyan en los Presupuestos, lo que resulta poco realista dadas las actuales dificultades presupuestarias. Según sus cálculos, si las Cuentas Públicas no pudieran atender el déficit de tarifa que no cubren las medidas propuestas en el dictamen, y para evitar una nueva desviación, sería necesario un incremento de los peajes del 30,7% en 2012, "lo que no parece aceptable".

Lafuente también critica la omisión de análisis sobre el sector de los carburantes (un 47% del mix de energías primarias), pues, en su opinión, "debería haber una cierta convergencia regulatoria entre la electricidad, el gas y el petróleo.

Asimismo, considera que la fiscalidad "es una necesidad para que no se trasladen adicionalmente al consumidor final ni los déficits ni el coste de su financiación", pero evitando que la fiscalidad se acabe trasladando al precio mayorista.

Aunque para el resto de los consejeros de la CNE el exceso de capacidad del sistema garantiza el suministro, para su presidente, este exceso plantea problemas de competitividad y de suficiencia financiera, pues las fuertes inversiones de los últimos años no se han ajustado a la demanda y es un coste que ahora hay que sufragar vía tarifa. Y, aunque el dictamen propone retribuir las redes por su valor neto, opina que no contempla en su justa medida "la sobrerremuneración de este tipo de inversiones". Tampoco la contribución de las primas de las renovables al déficit de tarifa.