EDITORIAL

El peor momento para hacer huelgas

La huelga general anunciada el viernes por los sindicatos CC OO y UGT se convertirá en la octava gran movilización impulsada por los agentes sociales desde la llegada de la democracia a España y en la primera que estos convocan mientras parte del territorio español -Andalucía y Asturias- se halla inmerso en una campaña electoral. Apenas dos meses después de que Mariano Rajoy tomase los mandos del país en el marco de la más grave crisis económica de los últimos años, el Gobierno se enfrenta a una convocatoria que, el próximo 29 de marzo y bajo la consigna del rechazo a la reforma laboral, pretende parar el país y sacar masivamente a la calle a la ciudadanía. Además del liderazgo ejercido por las dos grandes centrales sindicales, parte de la oposición ha manifestado ya su apoyo directo o indirecto a la iniciativa. Algunos han anunciado que respaldarán activamente la convocatoria -es el caso de IU-, mientras que otros han recordado que el Gobierno tiene en su mano la solución para que la llamada a paralizar el país se congele, como señalaba el viernes el secretario de Organización del PSOE, âscar López.

Nadie puede poner en duda la legitimidad institucional de los agentes sociales para convocar esta o cualquier otra huelga general. Tanto el derecho a la libertad sindical como el propio derecho a la huelga tienen carácter fundamental y están constitucionalmente reconocidos en el ordenamiento jurídico español. En ese sentido, los agentes sociales no hacen otra cosa que un uso de las prerrogativas que la propia legislación les concede. Cuestión aparte y muy diferente es si ese uso en las condiciones actuales resulta prudente y, sobre todo, oportuno. Con un país abrumado por el peso social, económico y moral que suponen 5,3 millones de personas condenadas a la inactividad laboral en el marco de un horizonte económico sombrío, la pregunta que hay que hacer sobre esta convocatoria no es si resulta legítima, sino si es beneficiosa para España y si representa los intereses de un porcentaje significativo de ciudadanos.

Pese a que esta última cuestión solo podrá dilucidarse el propio 29 de marzo en la actividad de toda España, los sondeos publicados hasta el momento permiten avanzar una radiografía sobre la opinión de los españoles ante la hipótesis de una huelga como esta. La última encuesta de Metroscopia para el diario El País revelaba el pasado domingo que casi siete de cada diez ciudadanos son contrarios a un paro general, porque consideran que empeoraría aún más la situación económica. Una opinión que es más fuerte entre el electorado popular que entre el socialista, pero que incluso en este último alcanza un nada desdeñable 45% de los encuestados. Más dudoso resulta todavía aventurar el presunto apoyo de los cinco millones largos de desempleados para los cuales el cambio de reglas de juego en el mercado laboral supone un atisbo de luz en contraste con el inmovilismo que ha imperado en este terreno desde que comenzó la crisis. Frente a las quejas de las centrales sindicales sobre la falta de disposición para el diálogo del nuevo Gobierno habría que recordar que los agentes sociales dispusieron de la oportunidad de diseñar su propia reforma y la desperdiciaron. Ahora se juegan mucho más que una simple protesta. Su credibilidad y su futuro.

El acuerdo con los sindicatos anunciado por Vodafone España esta semana para un ERE temporal y una rebaja salarial del 10% a sus 4.300 empleados supone un ejemplo palpable de que es posible encontrar opciones que, por un lado, eviten el despido y, por otro, eludan confrontaciones que en este momento no benefician a nadie: ni a empresas ni a sindicatos ni al conjunto de la economía española. La compañía de telecomunicaciones se ha convertido en una de las primeras empresas en aplicar una normativa laboral que acaba de echar a andar y que merece, al menos, la oportunidad de ser probada antes de ser rechazada. Con un Gobierno que apenas ha comenzado la legislatura y un ambicioso programa de reformas sobre la mesa pendiente de desarrollar, los agentes sociales deben reflexionar sobre el papel que han de jugar en este momento histórico. Como también calibrar el coste que puede tener para España ofrecer el próximo 29 de marzo una imagen internacional de enfrentamiento y conflicto social que dibuje un país de futuro económico y político incierto.