El Congreso valida el pago a proveedores con críticas al coste financiero del 5%
Las comunidades y ayuntamientos dispondrán a partir del 1 de mayo de 35.000 millones a través de un crédito sindicado para saldar deudas comerciales con proveedores. El Congreso convalidó ayer el real decreto-ley que el Gobierno aprobó la pasada semana, que finalmente no se tramitará como proyecto de ley.
El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto-ley que articula el mecanismo de pago de facturas atrasadas de ayuntamientos y comunidades autónomas. El texto obtuvo es voto afirmativo de 301 diputados, entre ellos los del PP, PSOE y CiU. Esta iniciativa movilizará a partir del 1 de mayo 35.000 millones de euros a través de un consorcio bancario, que pondrá a disposición de ayuntamientos y comunidades a un tipo de interés del 5% y un vencimiento de diez años con los dos primeros de carencia.
El Ejecutivo aprobará hoy un real decreto para "aclarar" el papel que tendrán los interventores en el proceso, ya que según está redactada la norma pueden suplantar a los alcaldes y los plenos municipales en la toma de decisiones. Hay grupos como el PSOE que considera que esto atenta contra la autonomía municipal y se plantea acudir al Tribunal Constitucional si no se corrige este punto.
Los ayuntamientos tendrán que hacer pública la lista de acreedores municipales. En caso de no encontrarse en dicho listado, el proveedor público podrá solicitar su ingreso en él.
A pesar del amplio respaldo al real decreto-ley, el Congreso rechazó tramitarlo como proyecto de ley. Tanto los grupos que votaron a favor como en contra de su convalidación hicieron, a excepción del PP, una lectura crítica de la iniciativa. Existe coincidencia en la mayoría de los partidos en que el tipo de interés es elevado porque la banca acaba de tener la oportunidad de captar liquidez en la última subasta del BCE al 1%. El diputado socialista Gaspar Zarrías dijo que como tope lo razonable sería el 3%, puesto que además se trata de una operación avalada por el Estado.
La segunda línea de coincidencia de la oposición es que, más allá de un mecanismo puntual para atender la deuda comercial de estas administraciones, lo necesario es un debate a fondo sobre la financiación local.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó en el Congreso que las quitas que los proveedores apliquen serán "absolutamente voluntarias" y que tendrán prioridad en el cobro las empresas con las deudas más antiguas. Los ayuntamientos tendrán que notificar a través de su interventor las facturas pendientes a Hacienda antes del 15 de marzo y en las dos semanas siguientes deberán presentar un plan de viabilidad. Hacienda tendrá la última palabra sobre estos planes y varios grupos ven en ello una intención del Gobierno de controlar los ayuntamientos.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez-Llibre, explicó que se trata de un "mecanismo muy potente" contra la morosidad de las administraciones públicas, que evitará la desaparición de empresas y autónomos. El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo aseguró que pese a las palabras del ministro, sí que se producirá una quita" ya que el acreedor renuncia al cobro de los intereses de demora y posiblemente también a una parte del principal para lograr que se le pague anticipadamente".
Fabra anuncia un ajuste de 500 millones
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, avanzó ayer que aprobará un nuevo ajuste de entre 400 y 500 millones de euros para cumplir el déficit de 1,5% aprobado por el Consejo del Política Fiscal y Financiera del pasado martes.Fabra realizó esta estimación en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en el que reivindicó un uso "racional" de los recursos y señaló que las comunidades autónomas, durante los últimos años, "han jugado a ser un país". Fabra indicó que el conjunto de España debe reducir este año su déficit en 27.000 millones de euros y la Comunidad Valenciana, que representa un 10% de la economía del país, debe hacerlo en 2.700 millones.Sin embargo, el decreto aprobado el pasado 5 de enero, junto a otras medidas como el aumento del IRPF o la reducción de empresas públicas, permitirán que el nuevo ajuste se limite a 500 millones de euros.Fabra puso como ejemplo de despilfarro a Radiotelevisión Valenciana. "Canal 9 tiene 1.800 trabajadores, más que Antena 3, Telecinco y Cuatro juntos, y estamos hablando de canales nacionales. Esto no puede ser, no lo podemos pagar", denunció.