Un sector con (serios) problemas de imagen
El sector industrial de defensa y seguridad es consciente de que tiene un problema de imagen. Algo que se acentúa en un momento de crisis como el actual, en el que los recortes presupuestarios afectan seriamente a áreas tan sensibles para los ciudadanos como la sanidad o la educación.
Ni los responsables políticos ni los empresariales han logrado desvincular a la industria de lo que es meramente el negocio de la venta de armas. Episodios como el uso de bombas de racimo de la empresa zaragozana Instalaza contra la población civil de Misrata por parte de la tropas del dictador libio Gadafi no ayudan a mejorar la imagen del sector. Y menos con decisiones como las de la compañía de exigir una indemnización millonaria al Gobierno por prohibir la fabricación, venta y uso de este tipo de armamento en España.
"Pese a su contribución a la economía nacional, a los puestos de trabajo y al desarrollo regional y local, su gasto se considera alejado de los fines sociales y, hasta la fecha, no se ha conseguido explicar a la sociedad el servicio público que presta, el bien económico que genera o la proyección internacional que permite y que no serían posibles sin la existencia del sector", recoge el último informe sobre la industria publicado por el Real Instituto Elcano. Un lamento generalizado entre los responsables de las empresas.
Como lo es otro de los aspectos que también incluye el documento: el aislamiento respecto a otros sectores de la economía, lo que se traduce en su exclusión de algunos de los principales planes o estrategias de inversión que el Ejecutivo sí impulsa para el resto de sectores de la industria.
En parte, esto se debe a la excesiva vinculación de la industria de defensa y seguridad con los Ministerios de Defensa y de Interior y, en parte, a la propia inercia de las compañías, poco dadas a aventurarse fuera de un ámbito en el que se encuentran cómodas.
Las propias empresas también reconocen, como otra debilidad, el hecho de no haberse integrado de forma adecuada en las principales patronales empresariales (CEOE y Cepyme).
Parte de las empresas del sector (alrededor de 75) han optado por sumarse a Tedae, la patronal que nació en 2009 impulsada por las grandes de la industria (EADS, Santa Bárbara Sistemas e Indra) y que absorbió también a las empresas del sector aeronáutico. Su actividad es algo más transparente que la de su antecesora Afarmade pero todavía mantiene ciertos tics del pasado y la información que genera (estadísticas, informes, etcétera) es accesible con cuentagotas.
Escasa transparencia
La escasa (en ocasiones, nula) transparencia informativa es otro de los problemas que afecta a las empresas de defensa y seguridad y que más daño hace a la imagen del sector.
La excusa de que sus actividades tienen implicaciones de tipo estratégico sirve para aplicar políticas de cerrojazo informativo impropias, en pleno siglo XXI, de un sector que presume de modernidad e innovación.
Máxime cuando muchas de sus empresas se financian ampliamente con recursos públicos (vía contratos, créditos a la exportación o préstamos a la I+D en condiciones ventajosas) o, directamente, son propiedad del Estado (por ejemplo, el grupo de astilleros Navantia).
O cuando presumen de aplicar unos altos estándares de responsabilidad social corporativa (algunas empresas pertenecen, incluso, al Ibex 35, como Indra). O cuando ofrecen unas informaciones en el extranjero que hurtan en España (el sueldo de directivos en el caso de Santa Bárbara y su matriz General Dynamics, por ejemplo).
La solución a los problemas de imagen está en manos de las empresas del propio sector. A ello también debe contribuir el Ministerio de Defensa, desde su papel institucional. Y quizás sea el momento más apropiado, cuando al frente del departamento se encuentran dos responsables (el ministro Morenés y el secretario de Estado Argüelles) con amplia experiencia en el ámbito empresarial.