TRIBUNA

Del rey abajo, ninguno

La decisión del Gobierno de hacer frente a las deudas vencidas de las entidades locales supondrá una inyección directa de dinero en el tejido productivo. Es una primera medida keynesiana: el Estado actúa como impulsor de la demanda, aumentando la liquidez de la economía. Bienvenida sea y aplíquese cuanto antes.

El Gobierno parece que responde a su intención de no limitarse a los recortes y de tratar de impulsar la actividad, en la línea de lo manifestado por algunos líderes europeos, entre ellos Cameron, Monti y el propio Rajoy. El impulso de la actividad compensará, mediante una mayor recaudación fiscal, el gasto financiero que pueda implicar atender la deuda vencida.

En los momentos actuales, a pesar de la prima de riesgo, el Estado tiene mucho más acceso al crédito y le cuesta mucho menos que a la multitud de sus pequeños y medianos acreedores. Por eso debe tener cuidado con las condiciones que impone al cobro de las deudas vencidas, que no se concretan en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. Muchos las aceptarán, al estar en una situación límite, pero será a costa de su capacidad de impulsar sus negocios. Como mínimo, deberían excluirse de posibles quitas las deudas de pequeño importe, que afectan más a pymes y autónomos.

Aunque son las entidades locales las que registran más problemas de pago, hay situaciones de morosidad en otros ámbitos de las Administraciones públicas, que también tendrían que abordarse en seguida.

Si el Estado, al fin, cumple, los demás están obligados a seguirle. Viene al caso el título de la obra de Rojas Zorrilla que encabeza este artículo. No sería lógico que el rey (el Estado) pagara lo que debe y los nobles (las grandes empresas), que son parte importante de sus acreedores, se embolsaran unos miles de millones, para mejorar sus balances o hacer compras en otros países, y continuaran pagando a los proveedores a plazos abusivos. Para asegurarse de que lleguen recursos suficientes a las pymes y autónomos -la base del funcionamiento del país- es necesario reforzar la aplicación de la Ley de Morosidad, aprobada gracias al apoyo del PP y a iniciativa de CiU que ahora es su socio. La ley necesita un reglamento que establezca sanciones tanto para los que pagan tarde como para los que utilizan los plazos ilegales para fomentar una competencia sucia que a todos perjudica. Para ello, también sería conveniente exigir a los bancos que actúen con seriedad y dejen de financiar o garantizar pagos comerciales entre empresas a plazos superiores a los establecidos por ley. Esto desactivaría gran parte de la picaresca que nos rodea.

Si las medidas del Gobierno se quedan en una inyección de dinero limitada a los ayuntamientos, tendremos un efecto positivo inmediato que, por desgracia, se irá perdiendo envuelto en los viejos hábitos. Casi siempre hay que buscar en las malas costumbres las causas de la ineficacia productiva de un país. Gran parte del tejido económico español tiene sus recursos dedicados a financiar capital circulante -deuda de clientes-, por lo que es difícil destinar medios a invertir a largo -investigación, equipos, maquinaria, sistemas…- que es lo que aumenta la productividad.

Nos quejamos de que las empresas españolas trabajan pensando en el corto plazo. En la mayoría de los casos no pueden hacer otra cosa. Pero no estamos condenados a seguir como hasta ahora, los españoles tenemos mejores cualidades de las que nosotros mismos muchas veces creemos. Tomemos como ejemplo lo que ha ocurrido con los accidentes de tráfico: los muertos y heridos se han reducido de forma drástica, algo que hace unos años parecía imposible. Es el resultado de buenas normas y medios para hacerlas cumplir. La gente ha reaccionado de forma positiva a incentivos bien orientados, comunicados e implantados.

No se puede tener una economía avanzada con hábitos atrasados. Las medidas aprobadas para agilizar los pagos de deudas a proveedores de las Administraciones locales no se deben quedar ahí, por importantes que sean. Hay que atacar el problema de fondo. Como en el tráfico, hace falta una especie de carné de puntos de buen pagador, con sanciones precisas y rápidas de aplicar, con la posibilidad de llegar a inhabilitar, si es preciso, a los incumplidores contumaces, estén en el sector privado o en el público.

Enrique Sáez. Economista y empresario