La Agencia Tributaria extrema el control sobre deportistas y artistas

Cárcel para los evasores que no devuelvan el dinero a Hacienda

El nuevo Plan de Control Tributario que publica hoy el BOE contempla que Hacienda solicite el ingreso a prisión de "quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes"

"Si combatir el fraude ha sido siempre un objetivo prioritario, en estos momentos resulta esencial". Bajo esta premisa, el nuevo Plan de Control Tributario de 2012 publicado hoy en el BOE pone el foco en lograr que las deudas descubiertas por Hacienda finalmente se paguen, algo que no siempre sucede. Así, en los casos más graves de delito fiscal, la Agencia Tributaria llegará a solicitar el ingreso a prisión de aquellos evasores que, sin ser insolventes, no devuelvan el dinero defraudado. Se trata de evitar vaciamientos patrimoniales. Por ello, también, "se aprovecharán al máximo las posibilidades legales del embargo preventivo de bienes.

Otra de las líneas de actuación que implementará Hacienda contempla evitar que "profesionales, artistas y deportistas" utilicen empresas para "deducir indebidamente, a través de ellas, sus gastos particulares". Es frecuente que profesionales con alto poder adquisitivo creen compañías con el único fin de tributar por el impuesto sobre sociedades -donde los gastos son deducibles- en lugar de hacerlo por el impuesto sobre la renta.

Algunas de las medidas del plan tributario siguen la línea de actuaciones anteriores. Así, se mantendrá el control sobre los arrendamientos no declarados. Para ello, se seguirá utilizando la información que suministran a Hacienda las compañías eléctricas. Con estos datos, la Agencia Tributaria puede comprobar si pisos o locales comerciales que figuran como vacíos lo están realmente.

Por otra parte, los recientes convenios fiscales firmados entre España y Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas permitirán a Hacienda explotar nuevas fuentes de información procedentes de países que, hasta ahora, tenían la consideración de paraísos fiscales.

Todas estas medidas, complementarán el cambio normativo que prepara el Ejecutivo para limitar el uso de efectivo. Si bien aún falta concretar los detalles, la idea principal es evitar que las empresas abonen facturas superiores a unos 3.000 euros en efectivo, aunque el umbral definitivo todavía se desconoce.