La deuda de las empresas públicas se triplica en tres años
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que la deuda de las empresas públicas alcanza los 60.000 millones de euros, "prácticamente el triple que hace tres años". En su comparecencia en el Senado, anunció también un plan para ahorrar 100 millones en el pago de alquileres.
Otro de los anuncios efectuados por la vicepresidenta es el recorte inicial del 20% de las empresas públicas y fundaciones, así como la puesta en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria que permita acabar con la "paradoja" de que se gasten 100 millones de euros en alquileres.
Además, avanzó que antes de un mes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma cuya vulneración llevará aparejadas sanciones para quien incumpla el límite de déficit o no refleje los gastos contraídos. Además, esta norma irá acompañada de una modificación del Código Penal para castigar las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos.
"La respuesta será contundente", enfatizó en la Comisión Constitucional del Senado. Sáenz de Santamaría indicó que el Gobierno aprobará una ley complementaria de la Ley de Transparencia con una modificación del Código Penal para tipificar infracciones penales que castiguen las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos económicos.
"Esta reforma tendrá en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda pública o claro perjuicio de los servicios que financia y conllevará la inhabilitación para quien incurra en estas conductas", precisó.
En cuanto a la reestructuración del sector público empresarial, Sáenz de Santamaría avanzó que el Gobierno reducirá, fusionará y eliminará entidades que no sirvan a "un propósito público claro y justificado". Según recordó, actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios.
La portavoz del Ejecutivo recalcó que la deuda pública acumulada por estos organismos se acerca a los 60.000 millones, "prácticamente el triple que hace tres años". Por eso, anunció que Hacienda y Presidencia trabajan por una "reducción inicial" de entidades del entorno del 20%.
En su intervención, destacó además que otro objetivo del Gobierno es llevar a cabo una "gestión integral" para aprovechar al máximo los inmuebles a disposición del Estado, después de que el Inventario General de Bienes Inmuebles haya cifrado en casi 55.000 el número de edificios de que dispone la Administración general del Estado. Santamaría señaló que resulta "paradójico" que se gasten 100 millones de euros en alquileres y añadió que, según algunas estimaciones, solo en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones de euros.
Por último, Sáenz de Santamaría recordó que el Gobierno remitirá un proyecto de ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional que recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía y redefinirá el recurso de amparo. También se mostró partidaria, como ya expuso en el Congreso, de revisar la duración de los mandatos de sus magistrados para que estén "menos ligados a las legislaturas políticas" y sean "más estables".
Igualmente, recordó que el Gobierno apuesta por la reforma del sistema de elección de 12 de los 20 miembros del CGPJ. "El Gobierno prefiere a jueces elegidos por jueces que jueces elegidos por parlamentarios", apostilló.
Empleo descarta reducir la prestación por paro
El Gobierno se comprometió ayer a no recortar la cuantía ni la duración de las prestaciones por desempleo. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, negó que el Ejecutivo se haya planteado ese tijeretazo pese a que España debe recortar el gasto público en 28.926 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit del 4,4% en 2012 "¡En ningún momento lo hemos pensado!", enfatizó Hidalgo en un encuentro en Madrid con periodistas. El gasto por desempleo se elevó en 2011 a unos 30.000 millones. Unos tres millones de ciudadanos cobraron esta prestación en diciembre, según los últimos datos oficiales.La secretaria de Estado precisó que esas partidas se mantendrán hasta en el peor de los escenarios por mucho que Bruselas presione o que la duración media de las prestaciones por desempleo sea, según sus cálculos, de 14,8 meses frente a los 9,6 meses de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).Hidalgo, una de las promotoras de la reforma laboral, que abarata y facilita el despido y que entró en vigor el día 11, se mostró "totalmente abierta" a incluir cambios en el texto durante el trámite parlamentario siempre y cuando "no afecten al eje" de la norma, tal y como había dicho días antes la número dos del PP, Dolores de Cospedal.La secretaria de Empleo apeló a la "responsabilidad" de los sindicatos y oposición para evitar manifestaciones y huelgas. "Todos tenemos que arrimar el hombro", aseveró. Conciliadora durante la mayor parte de su exposición, Hidalgo solo endureció su discurso cuando se le preguntó por el PSOE. "La campaña que están haciendo es indignante", concluyó. Los socialistas han anunciado que llevarán el cambio legal al Tribunal Constitucional, si no se modifica en el Parlamento.