El Supremo condena a Garzón por las escuchas de la trama Gürtel
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado hoy al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por odenar las escuchas contra los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Los siete miembros del tribunal, presidido por Joaquín Giménez, han encontrado a Garzón culpable de un delito de prevaricación. En la sentencia, los jueces argumentan que Garzón ha utilizado "prácticas de regímenes totalitarios".
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sienta en el banquillo de los acusados, por cometer un supuesto delito de prevaricación y por uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas.
Durante el juicio en el que ha sido condenado, celebrado del 17 al 19 de enero, Garzón declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban entre 17 y 15 años.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y pidieron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo y el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el pinchazo de las entrevistas entre presos y abogados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.