La Seguridad Social pierde otros 283.684 afiliados en enero y se registran 177.470 nuevos parados

Rajoy abrirá la 'hucha' de las pensiones si continúa la caída de cotizantes

La Seguridad Social volvió a perder otros 283.684 cotizantes en enero, con lo que se agravan los números rojos con los que cerró el sistema en 2011. De persistir esta sangría, el Gobierno de Mariano Rajoy no dudará en utilizar el fondo de reserva de las pensiones si fuera necesario para pagar las nóminas mensuales. "Se usará sin dramatismos", aunque "será el último recurso", dijo el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Rajoy abrirá la 'hucha' de las pensiones si continúa la caída de cotizantes
Rajoy abrirá la 'hucha' de las pensiones si continúa la caída de cotizantes

No hay enero bueno para el empleo", aseguraba ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; pero lo cierto es que ha habido pocos eneros tan malos como el pasado (solo en el inicio de 2009 en el peor momento de la crisis se destruyó más empleo).

Así, 2012 arrancó con una pérdida de 283.684 cotizantes, con lo que el ritmo de destrucción de empleo se aceleró cuatro décimas, al 2,39%, y el número total de cotizantes perdió la barrera de los 17 millones (16.946.237). De esta forma, el número de personas que aportan con sus cotizaciones al sistema se retrotrae a los niveles de 2004, con lo que se puede decir que se han perdido más de siete años en términos de empleo.

La debacle se ve igualmente reflejada en los datos de paro registrado de enero, cuando el número de desempleados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 177.470 personas, hasta sumar un total de 4.599.829 parados.

Trabajo planea que Hacienda aporte más para financiar prestaciones no contributivas

Esto supone que solo en el primer mes del año se registraron más de la mitad de los parados generados en todo 2011, cuando se registraron 322.268 más.

A tenor de todos estos datos, los adjetivos calificativos negativos con los que definir lo que está ocurriendo en el mercado laboral empiezan a agotarse. Y, al tiempo que se adelgaza el sistema de Seguridad Social a una velocidad vertiginosa surge una duda preocupante: ¿qué ocurrirá si en próximos meses continúa la sangría de cotizantes y al Gobierno le falta dinero de las cotizaciones para completar la nómina de las pensiones?

La respuesta es clara. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no dudará en recurrir al fondo de reserva de las pensiones, según aseguró ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Si bien precisó que solo se abrirá esta hucha "si se agotaran todos los recursos adicionales", algo que podría pasar.

Además, añadió que si esto ocurriera, "tampoco habría que interpretarlo con dramatismo". En su opinión, "es ahora cuando cobra importancia la capacidad previsora que tuvo el PP creando este fondo" en el año 2000.

Dicho esto, Burgos explicó que las citadas reservas, que superan los 64.000 millones de euros, son "una garantía adicional" y "si fuera necesario se usará, porque está para eso", pero "siempre será la última solución", insistió.

Por ello, y ante la previsión de que los ingresos sigan disminuyendo en los próximos meses hasta que se logre frenar la sangría del desempleo, Burgos explicó qué otros recursos tiene el Gobierno para abonar la nómina de las pensiones si la entrada de dinero de las cuotas fuera inferior a los pagos comprometidos. En primer lugar, el Ejecutivo planea llamar a la puerta del Ministerio de Hacienda para recuperar el ritmo de la separación de fuentes de financiación del sistema.

Con esta medida el Ministerio de Empleo intentaría recuperar, como mínimo, 300 millones de euros, que es la cantidad que venía recibiendo anualmente en el último ejercicio para culminar la financiación de los complementos a mínimos. Sin embargo, el pasado año Hacienda recortó este trasvase a solo 100 millones.

En la actualidad, aún quedan 4.200 millones de euros de complementos a mínimos de las pensiones que se abonan con cotizaciones a pesar de que la ley obliga a que se paguen con impuestos generales. El Pacto de Toledo acordó un traspaso de estas fuentes progresiva, de forma que el 31 de diciembre de 2013 se pagara toda esta partida con tributos. Sin embargo, Burgos reconoció que esto no se cumplirá, con lo que el Pacto de Toledo deberá establecer un nuevo calendario.

Además de esta fuente de financiación, el responsable de Seguridad Social apuntó a "otros recursos" antes que empezar a consumir el fondo de reserva, un escenario que, según insistió, "no planteamos que se produzca a corto plazo".

En cualquier caso, Burgos descartó que entre esos "otros recursos" esté acelerar la reforma de pensiones aprobada en 2011, que establece periodos transitorios para prolongar la edad de jubilación a los 67 años en 2027; y para ampliar el número de años que se toman para calcular la pensión de 15 a 25 años en 2022. "Esta reforma se planteó para dar respuesta a un problema demográfico y nuestro problema actual es de crecimiento y creación de empleo, por tanto, no se resolvería acelerándola", precisó.

En cualquier caso, el dato que marcará el momento en el que la sostenibilidad del sistema empezará a peligrar es el ratio de cotizantes por pensionista. En diciembre -último dato facilitado por el Ministerio de Empleo-, dicho ratio descendió a 2,46 trabajadores aportando por cada beneficiario de una pensión, tratándose de la proporción más baja desde 2003. Y según cálculos de este periódico, en enero podría haber descendido aún más al 2,1, lo que roza los límites de un sistema sostenible.

Otras claves

La reforma laboral no recortará la prestación por desempleo

Otro de los efectos perniciosos del recrudecimiento del desempleo es el repunte del gasto en prestaciones, que podría superar los 30.000 millones este año. En 2011 el número de beneficiarios de estas ayudas (contributivas y asistenciales) descendió un 2,9%, debido a que en la primera mitad el empleo dio un pequeño respiro y a que a medida que persiste la crisis se van agotando los derechos de los beneficiarios a cobrar prestación. Sin embargo, el empeoramiento de la crisis trae señales preocupantes: en 2011 las nuevas altas de beneficiarios subieron un 3% y el gasto medio por perceptor, un 1,8%. A pesar de esto, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, aseguró que la reforma laboral no recortará estas prestaciones. Serán una de las partidas presupuestarias "seguras" que no se tocarán. Lo que sí se tocará y potenciará es la lucha contra el fraude en el seguro de paro.

Ningún sector de actividad se salva de la quema

El recrudecimiento de la crisis no radica solo en que se haya intensificado la destrucción de empleo desde el verano, sino que esto se está traduciendo en un daño de todo el tejido productivo sin excepción. Frente a otros meses de la crisis cuando los ajustes de la ocupación se cebaban en la construcción y la industria o los servicios tras las campañas de verano, en este arranque de 2012 ninguna rama de actividad se ha salvado de la quema y los recortes han estado muy repartidos. Así, las rebajas no han salvado al sector del comercio, que encabeza la caída de afiliados (47.875 cotizantes menos); la construcción tampoco ha frenado su ajuste, después de que el pasado año uno de cada dos empleos destruidos pertenecía a este sector, y ha registrado casi 30.000 afiliados menos. Y los ajustes presupuestarios se han traducido con el recorte de 41.119 empleos.

Las empresas de entre 6 y 50 trabajadores, las más castigadas

El pasado año se dieron de baja de la Seguridad social 26.279 empresas, lo que supone una cantidad algo superior a las desaparecidas en 2010 (en ese año cancelaron su cuenta de cotización 25.184 compañías).

Según los datos de diciembre -últimos disponibles- de los códigos de cuenta de cotización, las empresas más castigadas por la crisis en 2011 fueron aquellas que cuentan con entre 6 y 50 trabajadores, ya que el 45% de las desaparecidas pertenecían a este tamaño. Seguidamente, el 41% de las cuentas se dieron de baja correspondían a empresas aún más pequeñas, de entre 2 y 5 trabajadores. Esto confirma que el eslabón más débil de la economía española están siendo las pymes. Por ello, el Gobierno podría estar estudiando dotar a estas empresas de un marco legal propio más flexible, según distintas fuentes.