Emergencia nacional

Las cifras aportadas este viernes por la EPA son de auténtica emergencia nacional. El presidente del Gobierno debe saber que si la próxima estadística trimestral es de similar calado, tendrá un país al borde del estallido social. Por ello, debe concentrarse en las reformas. Ni un día más de plazo a unos agentes sociales que han malgobernado su exagerada representatividad en defender unos privilegios que paralizan las salidas de la crisis. Bien está proteger a los trabajadores con empleo, pero nunca a costa de neutralizar las oportunidades de que lo encuentren los que no lo tienen. Es una cuestión de solidaridad nacional cambiar la legislación para que el empleo se expanda. Y la solución es muy simple: el trabajo se negocia en un mercado (mercado de trabajo) y se contrata más o menos en función de su precio.

Lógicamente, dado que la materia prima es el factor humano, hay que determinar con mucho cuidado el coste y cómo se reduce. Pero España no puede tener, y por este orden, el coste del despido más elevado de Europa; el desempleo más protector de Europa, y las cotizaciones en la franja más cara de Europa. Y seguramente los propios salarios, a juzgar por lo que ahora admiten los sindicatos en su pacto salarial, no están del todo justificados con la productividad que generan en infinidad de empresas.

El Gobierno, con pacto o sin él, debe abaratar todos los costes del factor trabajo o eliminar la trampa normativa que ahora lo impide. Salarios, cotizaciones, despido, retenciones sobre la renta laboral y formación.

Todo para hacer frente a su gran afrenta nacional: el desempleo insoportable.

José Antonio Vega. Director adjunto de Cinco Días