Reducir la litigiosidad
Entre la contundente batería de reformas anunciadas ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, destaca una vieja reivindicación de la judicatura que hasta el momento nunca ha llegado a cuajar de forma efectiva: la implantación de tasas disuasorias para reducir la litigiosidad. Como recordó ayer Ruiz-Gallardón, la idea de un copago en el sistema judicial no es nueva -desde 2009 existe un mecanismo de depósito previo-, pero la intención del Gobierno es revisar al alza las cuantías y extender tanto el modelo como su aplicación. Con ello se intenta poner coto al descomunal montante de asuntos que cada año desbordan los tribunales y que solo en la última década ha experimentado un crecimiento por encima del 50%. Pero también se quiere reducir la carga financiera que supone para el sistema la práctica habitual de que asuntos de escasísima cuantía pasen por las distintas instancias judiciales en una cascada de recursos cuyo coste está muy por encima, en todos los sentidos, del valor de lo juzgado. Es cierto que cuando se proponen medidas como esta hay que preservar siempre el delicado equilibrio entre la eficiencia económica y el mantenimiento de las garantías constitucionales, pero tampoco viene mal recordar que del ejercicio de los derechos también es posible abusar.
