Cerrojos a la indisciplina autonómica
Las sospechas y aproximaciones sobre el alcance de la indisciplina fiscal de las comunidades autónomas en los últimos años ha sido una constante que ha aflorado en 2011. Las estimaciones provisionales de la Intervención General del Estado han cuantificado ese déficit regional en un 2,7% del PIB, lo que supone una desviación de más del doble sobre lo previsto. Ello significa que las autonomías son responsables de un total de 15.000 millones de los 20.000 millones de euros de ajuste adicional que España deberá realizar para cumplir con las exigencias de Bruselas. Una pesadísima losa que no hace sino confirmar el hecho de que la Administración regional se ha convertido en la oveja negra del sector público español y en un lastre insoportable para el conjunto de las cuentas del Estado. A pocos días de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una cita en la que el Gobierno tiene previsto fijar un techo de gasto autonómico, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria introducirá sanciones para aquellos Gobiernos que incumplan el límite de gasto y déficit. Una medida acertada de cuya aplicación a rajatabla y sin excepciones depende no solo el futuro económico de cada comunidad, sino del conjunto del Estado.
El nuevo Gobierno parece estar dispuesto a poner fin a la indisciplinada adolescencia en materia fiscal que han vivido en los últimos años las regiones. Comportamientos de gasto verdaderamente insólitos, como el desorbitado ritmo de creación de entes públicos en plena crisis -uno por semana-, han vertido una espesa sombra sobre la reputación institucional, el sentido común e incluso la cordura de buena parte de los Ejecutivos autonómicos, sin distinción del color político de sus gestores. Ello ha traído consigo, además de castigos en las urnas, una cascada de rebajas de rating con el consiguiente aumento del coste de financiación y el inevitable rescate ulterior del Estado en algunos casos.
En este escenario, la decisión de dar luz verde al techo de gasto y déficit regional supone, sin duda, un importante paso adelante. Una nueva etapa que debe aprovecharse también para poner sobre la mesa otras cuestiones importantes y también espinosas. Es el caso de la necesidad de analizar con criterios de eficiencia el tamaño, la estructura y la reorganización de las competencias de un Estado en el que, junto a 17 comunidades autónomas, coexisten unas 50 diputaciones provinciales, más de 8.000 municipios y una desmesurada trama de organismos administrativos que dan lugar a inútiles y costosos solapamientos y duplicidades.
A ello habría que sumar la apertura de un serio debate sobre la conveniencia de avanzar en materia de corresponsabilidad fiscal autonómica y eliminar así las disfunciones que ocasiona el que las regiones dispongan de competencias sobre el gasto y limitaciones sobre los ingresos.