La Audiencia rechaza el recurso de Botín por las cuentas suizas
La Audiencia Nacional anunció ayer que ha rechazado el recurso de apelación presentado por el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, y otros miembros de su familia contra la incoación de diligencias el año pasado para investigar un eventual delito fiscal en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Como consecuencia del rechazo a ese recurso, la Audiencia Nacional ha admitido que el colectivo Manos Limpias y la Asociación Ciudadanía Anticorrupción se personen en la causa contra el presidente de Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime por un presunto delito fiscal y otro de falsedad documental.
El 16 de junio de 2010 la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por estos presuntos delitos contra el presidente de Santander y otros once familiares (sus cinco hijos y su hermano Jaime y sus descendientes). En noviembre de ese mismo año ambas asociaciones -Manos Limpias y Ciudadanía Anticorrupción- solicitaron personarse en la causa, tras lo cual los denunciados interpusieron un recurso ante el tribunal, que fue desestimado ayer.
El auto recuerda a la familia Botín que de la documentación aportada por la Agencia Tributaria de sus regularizaciones practicadas de forma extemporánea "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda pública", dada "la imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias son o no correctas".
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
Indulto a sáenz
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por un accionista de Banco Santander contra el indulto concedido al consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y ha solicitado al Gobierno que remita el expediente administrativo en el que se basó su decisión.