Seis miniacuerdos laborales y un gran desacuerdo
El gran pacto laboral ha resultado ser un pequeño acuerdo en materias cuya importancia para reformar el mercado laboral es menor, ya que no tocan ni la estructura de la negociación colectiva, ni las condiciones de entrada y salida del mercado laboral, ni los contratos de trabajo, ni la flexibilidad interna de las empresas.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no da por cerradas las negociaciones entre patronal y sindicatos para intentar incluir en el pacto laboral alguna medida de más calado que las ya pactadas. "Aún tienen tiempo esta semana para llegar a acuerdos", aseguraba ayer. Es más, otras fuentes aseguran que Báñez está preparando un encuentro discreto con los líderes sindicales para explorar las posibilidades de ampliar el pacto.
En cualquier caso, lo que ya es evidente es que los protagonistas de la negociación no tienen fe aproximar más las posturas. Esto es el detalle de lo que han conseguido consensuar:
1. Solución autónoma de conflictos.
2. Prórroga del acuerdo nacional para el empleo.
4. Racionalización de días festivos.
5. Jubilación anticipada y prejubilación.
Pero ¿qué está detrás del gran desacuerdo laboral? Una vez más, los costes y la regulación han sido la china en el zapato del pacto. En concreto, el coste del despido de un supuesto nuevo contrato indefinido para salir de la crisis y las discrepancias acerca de una nueva regulación del contrato a tiempo parcial.
Los empresarios volvieron a exhibir en la mesa de negociación "el miedo de los emprendedores a contratar" y la receta que plantearon para aliviar estos temores fue abaratar el coste de salida de la empresa. Esto es lo que eufemísticamente los agentes sociales llaman la "flexibilidad externa" y hablando en plata se conoce como indemnización por despido.
La propuesta patronal de un único contrato indefinido con una indemnización de 20 días para el despido improcedente y de 12 para el objetivo procedente no logró ni de lejos el respaldo sindical. CC OO y UGT, como en 1997, aceptaron hablar de un abaratamiento de este coste, aunque fuera de forma coyuntural por un periodo de dos o tres años; pero no pudieron finalmente respaldar la empresarial por diferencias en los días de la indemnización, que ellos defendían en el entorno de los 30 días por año trabajado. Fuentes de la negociación aseguran que la "inmovilidad" de los negociadores empresariales en este punto está fundamentada en sus esperanzas de que el Gobierno decrete a su favor en esta materia.
Los problemas sobre la regulación laboral afectaron a la también vieja lucha sobre el uso del contrato a tiempo parcial. El número de horas complementarias y su disposición por parte del empresario, hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo, ya que los sindicatos consideraron que este tipo de contrato quedaba completamente desregulado.
La entrada de lleno de las empresas de trabajo temporal en la intermediación del mercado laboral y la creación de un fondo de capitalización que sustituyera al actual sistema de protección por desempleo tampoco obtuvo el visto bueno sindical.
Los agentes sociales son conscientes de que el Gobierno puede legislar sobre todos y cada uno de estos puntos que no han conseguido pactar, pero han lanzado una seria advertencia al Gobierno para que, por el contrario, no tome ninguna decisión legislativa sobre otras cuestiones que tampoco han logrado consensuar pero que conforman el sacrosanto ámbito bilateral de negociación. Se trata de los salarios y todo lo relacionado con los convenios (su estructura y la utilización de la flexibilidad interna). Así se lo han hecho saber a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien, de momento, intenta apurar los plazos para que haya algún otro punto de encuentro.
Pero no parece fácil que Báñez consiga que los empresarios cedan en su pretensión de que las empresas congelen los salarios hasta 2014; ni que unas horas, ambas partes logren acordar el peso que deberían tener los convenios de empresa en la negociación colectiva, algo que levanta muchas ampollas desde hace muchos años en las organizaciones, tanto patronales como sindicales y que responde a muchos intereses encontrados. Por ello, los negociadores piden más tiempo para cerrar estos asuntos, la incógnita es si el presidente del Gobierno confiará en ellos o argumentará estas posturas irreconcilables para legislar, al menos en materia de convenios, ya que las políticas salariales no son competencia del Ejecutivo.